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Miami. — Estados Unidos celebró el vigésimo cuarto aniversario del 11‑S con un sistema de prevención considerablemente más amplio, técnico y con cobertura en todos los niveles del territorio nacional que el de 2001, pero bajo un telón de fondo incómodo: las agencias reconocen que el riesgo sigue siendo alto y que los adversarios se han adaptado.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lo resume en su Homeland Threat Assessment 2025, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso. “El entorno de amenaza terrorista en Estados Unidos continúa este año y seguirá siendo elevado durante el próximo, debido a la confluencia de la campaña electoral (2026), la persistente intención de grupos extranjeros y el efecto de imitación de ataques en el exterior”. A ello suma una característica operativa que dificulta la detección: “Los agresores solitarios y los pequeños grupos siguen representando la mayor amenaza de ejecutar atentados con poco o ningún aviso”.
El Sistema Nacional de Asesoría sobre Terrorismo (NTAS, por sus siglas en inglés) ha mantenido en 2025 un tono de alerta sostenida, impulsado por conflictos externos, como el “conflicto en curso entre Israel e Irán”, según su boletín del 22 de junio. Señala que “la policía estadounidense ha frustrado múltiples complots potencialmente letales patrocinados por Irán desde 2020 hasta la fecha”.
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El NTAS mantiene vigente hasta el 22 de septiembre de 2025 un boletín que explica por qué esas preocupaciones han escalado en el verano que termina: “Los hacktivistas proiraníes probablemente realicen ciberataques de bajo nivel” y “actores cibernéticos vinculados al gobierno iraní” podrían atacar redes en EE. UU. Añade que Irán mantiene su compromiso de atentar contra funcionarios del gobierno estadounidense y recuerda que la policía “ha desbaratado varios complots potencialmente mortales apoyados por Irán”.
NTAS advierte de la posible movilización de extremistas en EE. UU “si el liderazgo iraní emitiera un fallo religioso” que llamara a represalias, y subraya que ataques recientes en territorio nacional han sido motivados por antisemitismo o sentimiento antiisraelí. Ese marco define el tipo de atentado que la administración teme: agresiones rápidas, descentralizadas y de inspiración inmediata.
Otra línea roja de 2025 es el uso malintencionado de drones. La Casa Blanca dejó clara la urgencia en junio al anunciar medidas para restablecer la soberanía del espacio aéreo estadounidense. “Las concentraciones masivas son vulnerables a ataques y amenazas por vuelos no autorizados de sistemas de aeronaves no tripuladas [Unmanned Aircraft Systems, UAS]. La infraestructura crítica es objeto de incursiones frecuentes y, a menudo, no identificadas de UAS. Se necesita acción inmediata para que el espacio aéreo siga siendo seguro”, subrayó.
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En el Capitolio, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes alertó semanas después que “el potencial de un ataque coordinado con drones contra un aeropuerto, un puerto o una concentración masiva es una amenaza creíble y en crecimiento”. Para la administración de Donald Trump, esa es hoy una opción barata, accesible y difícil de detectar.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha hecho su propia radiografía política y presupuestaria. Su exdirector, Christopher Wray, advirtió antes de renunciar ante el Senado que los recortes a la dependencia “no podrían llegar en peor momento”. Wray señaló la preocupación por una posible acción coordinada “similar al ataque de ISIS‑K” en Rusia que dejó al menos 130 muertos y alrededor de 200 heridos.
La capacidad estadounidense descansa en un diseño de coordinación que hoy llega de la calle al ciberespacio. Según el FBI, las Fuerzas Conjuntas contra el Terrorismo (JTTF) de esta misma agencia (equipos mixtos con policías locales y estatales), son “la primera línea de defensa” y operan a diario como red nerviosa de intercambio de pistas e investigaciones. Al mismo tiempo, los fusion centers (centros de fusión) estatales y urbanos, promovidos por el DHS, “sirven como puntos focales… para la recepción, el análisis, la recopilación y el intercambio de información relacionada con amenazas” con socios federales, estatales, tribales, territoriales y del sector privado.
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En la aviación comercial, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ha reemplazado el control manual de documentos con tecnología de comparación facial integrada en sus unidades de Autenticación de Credenciales de segunda generación (Credential Authentication Technology 2, CAT‑2).
La TSA lo define en términos estrictamente identitarios: “TSA usa la comparación facial [CAT‑2] solo para verificar la identidad del viajero en el atril” y no para vigilancia. En la práctica, los CAT‑2 “comparan la foto del documento con la foto en vivo en tiempo real”; tras la verificación, el agente autoriza el paso sin intercambiar tarjeta de embarque.
Esta capa de control se complementa con el REAL ID; quien no disponga de un documento compatible debe presentar un pasaporte u otra identificación aceptable.
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Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “ha desplegado con éxito” un servicio en la nube de comparación facial, el Servicio de Verificación de Viajeros (TVS) que “apoya procedimientos biométricos” en aeropuertos, puertos terrestres y marítimos. La política de privacidad de CBP subraya límites temporales: las fotos de ciudadanos estadounidenses “se retienen no más de 12 horas” para continuidad operativa.
La seguridad se ha extendido a la aviación general, ese ecosistema de aeródromos, escuelas de vuelo y taxis aéreos que no pasan por los mismos filtros que los grandes aeropuertos, con guías actualizadas a fines de julio.
El componente más móvil es el cibernético. El DHS advierte que China, Rusia e Irán “seguirán siendo las amenazas extranjeras más apremiantes” para la infraestructura crítica y que los actores estatales y criminales “afinarán sus técnicas para interrumpir servicios estadounidenses”. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) ha promovido unas Metas de Desempeño de Ciberseguridad, “prácticas voluntarias con acciones de alto impacto” que priorizan un mínimo común de controles para reducir riesgo y cuyo grado de adopción CISA evaluó en enero de 2025.
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La visión de conjunto, avalada por la Comunidad de Inteligencia, no es complaciente. La Evaluación Anual de Amenazas 2025 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) advierte que “tanto actores estatales como no estatales plantean múltiples amenazas inmediatas al territorio nacional y a los intereses de Estados Unidos”, con redes terroristas y criminales “más diversas, complejas y descentralizadas”.
Quedan tareas pendientes. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) constató en abril que, si bien la colaboración entre el DHS y el FBI para contrarrestar el extremismo violento doméstico avanza, varias recomendaciones “prioritarias” sobre cómo medir la eficacia conjunta “no se habían implementado plenamente a febrero de 2025”.
La lectura oficial dentro del gobierno Trump es que el país enfrenta un entorno de amenaza elevado y complejo y que los atentados más temidos son aquellos que combinan bajo perfil, alta letalidad y poco aviso: agresores solitarios inspirados por conflictos externos, tramas facilitadas o alentadas por Irán y sus apoderados, ataques con drones contra concentraciones masivas o infraestructura; así como operaciones ciberfísicas contra servicios esenciales.
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