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Durante un reciente debate del programa “Entre Periodistas y Especialistas”, se evidenció la grave crisis del sistema penitenciario dominicano, con especial énfasis en la carencia de atención a la salud mental de los internos.
La psiquiatra Katy Gisel Gómez y el juez Rafael Báez, al ser entrevistados en el espacio producido por los comunicadores Miguel Franjul y Wendy Santana para Telesistema Canal 11, coincidieron en que la situación resulta alarmante y demanda una reestructuración profunda.
Katy Gisel Gómez, con una década de trayectoria dentro del sistema carcelario, denunció la escasez de psiquiatras y psicólogos, señalando que seis nuevos psiquiatras resultan insuficientes para atender a cerca de 27 000 reclusos.
Consideró que, pese a los intentos, el sistema carece de un sanatorio psiquiátrico penitenciario y de un protocolo claro que permita distinguir a los delincuentes con trastornos mentales genuinos de aquellos que simulan una condición para eludir la justicia.
Según su criterio, no todo quien comete un delito grave sufre de un trastorno mental; al mismo tiempo, advirtió sobre la necesidad de evaluaciones forenses rigurosas y de designar a profesionales competentes en puestos clave.
Un sistema marcado
Por su parte, Rafael Báez, ex juez de Ejecución de la Pena y actual magistrado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, describió la situación como un “holocausto penitenciario”.
A su entender, el sistema no garantiza el trato digno que prescribe la Constitución y que el hacinamiento, la insalubridad, la mala nutrición y la corrupción impiden cualquier posibilidad de rehabilitación. Báez criticó la ausencia de un sistema de seguimiento adecuado, que incluya expedientes médicos y sociales para cada interno.
“El encierro está concebido para corregir conductas, pero sin el personal ni las condiciones necesarias, la cárcel solo agrava la situación”, puntualizó el juez.
Restructuración profunda
El magistrado Báez propuso una refundación del sistema penitenciario que contemple la creación de un cuerpo de custodia especializado, independiente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Además, en un giro inesperado, sostuvo que la solución no es edificar más cárceles, sino “despoblarlas” liberando a personas mayores, enfermas y a quienes cumplen condenas por delitos menores.
La doctora Gómez insistió en la importancia de la voluntad política y en la necesidad de que el Estado cumpla con los acuerdos firmados, como el de crear un centro piloto de salud mental penitenciaria que quedó “en letra muerta”.
Un llamado a la acción
Los expertos coincidieron en que el sistema penitenciario dominicano ha fracasado en su misión de rehabilitación.
Plantean que la reforma debe basarse en la dignidad humana y en la comprensión de que una verdadera justicia debe atender las raíces del delito para impedir la reincidencia al momento de la liberación.
El reciente ataque que dejó una mujer muerta y varios heridos en el sector Naco, del Distrito Nacional, a manos de un joven con aparentes trastornos mentales, ha reavivado el debate sobre el destino de los acusados con problemas psiquiátricos dentro del sistema penitenciario.
En teoría, el Código Procesal Penal establece que las personas inimputables, aquellas que, debido a trastornos mentales, no comprenden la ilicitud de sus actos, deben ser sometidas a medidas de seguridad en centros de atención especializados, y no a penas privativas de libertad en cárceles convencionales.
Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con tres pabellones de salud mental ubicados dentro de cárceles comunes: Najayo Hombres (San Cristóbal), Vista del Valle (La Vega) y San Pedro de Macorís.
Según datos de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, 431 personas privadas de libertad en el país presentan diagnósticos psiquiátricos y están distribuidas en cárceles del modelo antiguo y en centros del nuevo sistema; sin embargo, en ambos casos las condiciones siguen siendo deficientes.
Pabellones en cárceles
A lo planteado por la psiquiatra Katy Gisel Gómez y el juez Rafael Báez se suma la postura de la Defensoría Pública, que ha señalado en diversas oportunidades que las condiciones de muchos reclusos con trastornos mentales son inadecuadas. También proponen la creación de un centro penal psiquiátrico.
Mientras las autoridades aseguran que desde 2023 existen pabellones especializados en salud mental en cinco cárceles, incluyendo el recinto de La Victoria, donde se brinda atención a internos con trastornos psiquiátricos, otros pabellones se encuentran en La Vega, Nayajo, Higüey y San Pedro de Macorís.
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