Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — El mandatario de EE. UU., Donald Trump, advirtió el lunes que podría volver a colocar bajo control federal la fuerza policial de Washington, D.C., una medida que parecería responder a la negativa de la alcaldesa de la capital de colaborar con las autoridades de inmigración.
La orden de emergencia firmada por Trump, que le permitió tomar el mando de la policía local, venció la semana pasada. Horas antes, la alcaldesa Muriel Bowser había anunciado que la ciudad no cooperaría con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus actuaciones dentro de la capital. Anteriormente, había indicado que seguiría colaborando con otras agencias federales aun cuando la orden de emergencia expirara.
En un mensaje publicado en redes sociales a primera hora del lunes, Trump aseguró que su intervención en la seguridad pública de D.C. había disminuido los índices de criminalidad, una aseveración que Bowser respaldó, aunque los datos muestran que los números ya estaban en descenso antes de que iniciara el operativo.
Trump sostuvo que la delincuencia podría incrementarse si cesa la cooperación en materia de inmigración, y que, en tal caso, “declararía una emergencia nacional y federalizaría, si fuera preciso”.
La oficina de la alcaldesa se negó a hacer comentarios al respecto.
La Casa Blanca no indicó si Trump cumpliría su amenaza, ni si el presidente contemplaba extender la orden anterior, que había puesto a la policía de la ciudad bajo mando federal. Dicha orden no fue renovada por el Congreso y expiró el 11 de septiembre.
Más tarde ese mismo lunes, desde el Despacho Oval donde firmó una orden para enviar a la Guardia Nacional a Memphis, Trump afirmó que federalizarían la policía de Washington si fuera necesario, “pero ya no es preciso, pues está en muy buena forma”.
Bowser emitió una orden el 2 de septiembre en la que detalla cómo la policía local seguirá trabajando con las agencias policiales federales que continúan operando en la ciudad. En ella se enumeran varias entidades federales con las que el Departamento de Policía Metropolitana planea colaborar, entre ellas el FBI, la DEA y el Servicio Secreto, pero no se menciona al ICE.
El 10 de septiembre, durante una ceremonia de inauguración, la alcaldesa declaró que “la aplicación de las leyes de inmigración no es competencia del MPD”, refiriéndose al departamento de policía local, y agregó que, una vez concluida la orden de emergencia, “no será lo que haga el MPD en el futuro”.
Los datos analizados por The Associated Press durante el periodo de emergencia revelan que más del 40 % de los arrestos estaban vinculados a cuestiones migratorias, lo que subraya que el gobierno de Trump siguió impulsando sus políticas de inmigración mientras intentaba combatir la criminalidad en la capital.
Las agencias policiales federales, así como unidades de la Guardia Nacional de D.C. y de ocho estados, siguen operando en la ciudad. El fiscal general del distrito presentó una demanda que se opone al uso del ejército en el área.
Ese mismo lunes, un grupo de exlíderes civiles y oficiales retirados de cuatro estrellas se pronunció sobre el tema, señalando los peligros de que presidentes desplieguen la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública, lo que, según ellos, podría generar “preocupaciones de seguridad tanto para los miembros del servicio como para el público”. Entre los oficiales, que sirvieron bajo administraciones republicanas y demócratas, se encontraba el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Hayden.
La amenaza de Trump coincide con la jornada en que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes trata varios proyectos de ley relacionados con D.C., entre ellos una propuesta para reducir de 16 a 14 años la edad mínima a la que los menores pueden ser juzgados por ciertos delitos graves, y otra para limitar la autoridad del distrito sobre sus leyes de sentencia y su participación en la selección de jueces.
Los proyectos de ley fueron aprobados la semana pasada por la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, con una votación dividida por partidos.
Al distrito se le concede cierta autonomía mediante un acuerdo de autogobierno limitado aprobado en 1973, pero los dirigentes federales continúan ejerciendo un control sustancial sobre los asuntos locales, como la aprobación del presupuesto y la promulgación de leyes ordenadas por el concejo municipal de D.C.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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