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MIAMI (AP) — La administración de Donald Trump retiró la certificación de cooperación de Colombia en la lucha antidroga por primera vez en casi treinta años, aunque concedió una excepción para no comprometer por completo la ayuda que habitualmente brinda a un país que tradicionalmente ha sido considerado aliado de Estados Unidos en América Latina.
La medida, anunciada el lunes por el Departamento de Estado, constituye una reprimenda del gobierno estadounidense al aumento de los cultivos de coca y al enlentecimiento de la erradicación de los cultivos ilícitos durante la gestión izquierdista del presidente Gustavo Petro, quien ha criticado la política migratoria y la reciente intervención militar frente a la costa venezolana.
Estados Unidos había retirado la certificación a Colombia en 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando los carteles se habían infiltrado en los niveles más altos del poder. Desde el 2000, sucesivos gobiernos estadounidenses han destinado miles de millones de dólares en asistencia a Colombia, pero la cooperación empezó a deteriorarse hace una década, cuando se suspendió un programa de fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato.
Según la normativa estadounidense, el presidente debe señalar anualmente, antes del 15 de septiembre, los países que no hayan cumplido sus compromisos internacionales en los últimos doce meses.
La administración Trump responsabilizó al liderazgo político colombiano del “incumplimiento” de las obligaciones de control de drogas e indicó que podría reconsiderar la designación en el futuro si el gobierno adopta medidas más enérgicas para erradicar los cultivos ilícitos y reducir la producción y el tráfico.
Petro reprochó la descertificación argumentando que su país ha sacrificado “decenas de vidas” para evitar que la cocaína llegue a Estados Unidos. “Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano … es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, dijo en una transmisión televisada del Consejo de Ministros.
También anunció que las fuerzas militares colombianas dejarán de depender del armamento estadounidense, optando por adquirir o producir equipos mediante la empresa estatal. No precisó el tiempo que tomará la transición ni si devolverán las armas ya donadas, como algunos helicópteros utilizados por la policía. “No más limosnas ni regalos”, afirmó Petro.
A la par, fueron descertificados Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. A pesar de la medida, el gobierno estadounidense declaró que seguirá proporcionando asistencia a esos países porque los considera esenciales para sus intereses nacionales, salvo a Afganistán.
Colombia intentó evitar la descertificación presentando detalles de su reconfigurada política antinarcóticos, que prioriza la incautación de cocaína y la persecución de los narcotraficantes, al tiempo que ofrece a los agricultores de coca la erradicación manual y la transición a la legalidad mediante programas estatales. Petro es un crítico abierto del prohibicionismo y sostiene que “la guerra contra las drogas fracasó”.
Durante su gestión, la incautación de cocaína alcanzó un récord de 884 toneladas en 2024. En lo que va del año, el Ministerio de Defensa informó haber confiscado 654 toneladas.
No obstante, el foco de la inconformidad estadounidense fueron los niveles récord de cultivos de coca, que llegaron a 253 000 ha en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la reducción de la erradicación tras la bajada de metas por parte del gobierno de Petro.
Los datos oficiales muestran una caída pronunciada desde 2022 —año en que terminó la administración del conservador Iván Duque y comenzó la de Petro—, cuando se erradicaron 68 800 ha. En 2024 se eliminaron 9 403 ha y, en lo que lleva de 2025, solo 5 048 ha, muy lejos de la meta de 30 000 ha anunciada por el gobierno.
El narcotráfico ha sido descrito por el gobierno como el “combustible” de los grupos armados ilegales, a los que se les ha ofrecido sentarse a negociar la paz o someterse a la justicia, sin lograr desarmarlos todavía, mientras reciben críticas de sus opositores por los brotes de violencia en el país.
Días antes de la descertificación, la canciller colombiana Rosa Villavicencio aseguró que los resultados en la lucha contra las drogas eran suficientes para mantener la certificación, aunque advirtió que la decisión también tenía un matiz político influido por las recientes tensiones entre Petro y Trump.
“En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos”, declaró Petro el 5 de septiembre al rechazar el ataque estadounidense contra una embarcación que partió de Venezuela y que el gobierno Trump acusó de transportar cocaína. El ataque dejó 11 muertos a los que EE. UU. señaló como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Las tensiones entre Trump y Petro casi llegaron en enero a la imposición de aranceles reciprocos cuando Colombia se negó a recibir aviones militares con deportados, alegando malos tratos por estar esposados. Finalmente, Petro accedió a recibir a los deportados y también envió sus propios aviones.
Cuando parecía que la polémica se había disipado, surgió una nueva fricción cuando EE. UU. retiró al encargado de negocios de su embajada en Bogotá como protesta a declaraciones del mandatario colombiano sobre un presunto intento golpista en su contra, de las que luego se retractó. El diplomático regresó, pero ya para entonces la relación bilateral estaba en uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas.
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