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El titular del Ministerio de Educación, Luis Miguel De Camps, promulgó este martes la Orden Departamental 055‑2025, la cual refuerza el proceso de control y revisión de los contratos de mantenimiento correctivo con la finalidad de garantizar que cada peso invertido en los establecimientos educativos se emplee de forma eficaz y transparente.
Desde marzo de 2025, el Ministerio está inmerso en una revisión exhaustiva de todos los contratos de mantenimiento correctivo, tanto los suscritos en la gestión anterior como los iniciados en la actual administración, dentro de una estrategia institucional que cuenta con el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República.
Este impulso se ha traducido en la puesta en marcha progresiva de nuevos mecanismos de control orientados a validar los pagos únicamente después de la verificación física y documental de los trabajos ejecutados.
La nueva orden consolida este proceso mediante medidas clave: ninguna transferencia a las juntas descentralizadas podrá efectuarse sin una auditoría que certifique la conclusión satisfactoria de las obras, avalada por la Contraloría; se instruye la elaboración de un informe técnico sobre los casos de obras pagadas y no realizadas, el cual será remitido al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y, de ser necesario, al Ministerio Público; y se fortalece la supervisión de obras en curso por parte de la Dirección de Infraestructura Escolar, estableciéndose que cada transferencia de fondos debe pasar por un proceso controlado y documentado.
Asimismo, se reafirma la obligación de las juntas descentralizadas de cumplir con el Reglamento para el Manejo de Fondos, lo que implica aprobar planes operativos, presupuestos, rendir informes mensuales, mantener inventarios actualizados y aplicar deducciones fiscales.
Con estas disposiciones, el Ministerio asegura que la conservación de la infraestructura escolar esté respaldada por controles técnicos, financieros y legales más sólidos, y que las decisiones de las juntas se mantengan dentro del marco constitucional y de la Ley General de Educación.
El Ministerio recordó que las juntas descentralizadas están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones y que cualquier infracción será sancionada. Además, advirtió que el Consejo Nacional de Educación podrá anular decisiones contrarias a la Constitución y a la Ley General de Educación.
La cartera educativa subrayó que la gestión encabezada por el ministro De Camps es clara: que cada recurso destinado al mantenimiento escolar se traduzca en obras verificadas y en mejores condiciones para los centros educativos.
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