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Las cifras de fallecimientos por “acciones legales” muestran una realidad que ya no podemos seguir relegando. Según los datos recopilados por el CESEDE, entre 2020 y agosto de 2025 se han contabilizado aproximadamente 867 personas que perdieron la vida en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
El diagrama evidencia un aumento alarmante: 75 muertes en 2020 y 170 en lo que va de 2025. Cada columna no representa solo un número; es la señal de una situación en la que la pérdida de vidas se ha normalizado como consecuencia de los choques entre la ciudadanía y los agentes del orden.
Se trata de un problema estructural que atraviesa la esencia del Estado de derecho. Cuando el uso de la fuerza concluye en muertes reiteradas, sin que intervenga un proceso judicial, se genera una fisura en la confianza social y se debilita la institucionalidad. No se trata de culpar a la Policía por su labor contra el delito, sino de evidenciar que el sistema está fallando al permitir que la justicia se ejerza en la vía pública y no en los tribunales.
La interrogante es inevitable: ¿cuántas de esas personas eran realmente delincuentes? Y aun cuando lo fueran, ¿no tenían derecho a un juicio justo, a la defensa y a que su caso fuera examinado por un juez? La muerte instantánea impide responder esas dudas y nos sitúa en un terreno peligroso donde nadie está a salvo. Hoy fueron hijos, hermanos o amigos de otros; mañana podrían ser los nuestros.
No podemos resignarnos a que la violencia se convierta en el principal instrumento de la autoridad. Casos como la muerte de pastores confundidos, los supuestos asaltantes de bancos abatidos sin juicio o los cinco jóvenes de Santiago son recordatorios de lo fácil que resulta cruzar la delgada línea entre seguridad y arbitrariedad.
Ante este panorama, el país requiere decisiones firmes y responsables. Desde el CESEDE proponemos medidas concretas para detener estos excesos:
Garantizar la vida y el respeto a los derechos humanos mediante protocolos claros y públicos sobre el uso progresivo y proporcional de la fuerza.
Asegurar que las investigaciones sean automáticas e independientes cada vez que una persona pierda la vida en un enfrentamiento con agentes estatales.
Fortalecer la capacitación continua de nuestros oficiales en derechos humanos y mediación de conflictos, además de dotarlos de equipamiento que los proteja, pero que al mismo tiempo salvaguarde la vida de los ciudadanos.
Reactivar el observatorio ciudadano para ofrecer datos permanentes, abiertos y confiables, garantizando transparencia en cada caso.
Exigir responsabilidad judicial para que ningún caso quede archivado sin determinar, mediante pruebas, la naturaleza de la muerte.
La seguridad no puede sostenerse bajo la sombra de ejecuciones extrajudiciales. La auténtica seguridad se construye con prevención, con respeto irrestricto a la vida y con justicia.
El gráfico mostrado más arriba es un espejo de nuestra realidad: cada número ascendente en esas barras representa un fracaso del sistema para garantizar lo más básico: que todos, culpables o inocentes, tengan derecho al debido proceso.
“Hoy por mí y mañana por ti.” Esa es la advertencia que nos dejan estas cifras. Como sociedad debemos decidir si seguimos en silencio aceptando la violencia como método, o si demandamos un Estado que proteja la vida como fundamento de la justicia y la democracia.
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