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Washington, EE. UU. – El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha manifestado su plan de catalogar a “Antifa” como una “organización terrorista de alta relevancia”. La declaración, hecha desde el Reino Unido durante una visita oficial, se inserta en la reacción gubernamental al homicidio del activista conservador Charlie Kirk, un delito que Trump ha culpado del “discurso de la izquierda radical”.
En una publicación en plataformas sociales, el presidente describió a Antifa como “un desorden de izquierda radical, enfermizo y amenazante” y anunció que instará al Departamento de Justicia a indagar sobre sus financiadores. No obstante, la iniciativa topa con considerables obstáculos jurídicos, dado que el concepto no designa a una entidad centralizada, sino a un movimiento carente de dirigentes y organización fija.
“Antifa”, contracción de “antifascistas”, alude a activistas de inclinación izquierdista que se enfrentan a quienes perciben como fascistas y neonazis. Su versión contemporánea se origina en las manifestaciones contra el racismo en Charlottesville, Virginia, en 2017.
Aunque ciertos integrantes han tomado parte en protestas que derivaron en actos violentos, el colectivo no cuenta con una estructura jerárquica que habilite una clasificación oficial como organización terrorista.
El anterior director del FBI, Christopher Wray, ya advirtió en la primera gestión de Trump que “Antifa” constituía una “ideología”, no una entidad, lo que dificulta su encuadre jurídico.
El contexto normativo estadounidense plantea considerables barreras a la propuesta de Trump. Aunque la legislación federal define el terrorismo nacional como la utilización de la fuerza para presionar a un gobierno, no hay un esquema federal que tipifique el terrorismo interno como delito ni que autorice al Poder Ejecutivo a catalogar a un grupo nacional como entidad terrorista.
Asimismo, especialistas alertan que tal clasificación podría chocar con la Primera Enmienda de la Constitución, la cual salvaguarda la libertad de expresión. Según un informe del Congreso de 2023, “manifestar convicciones extremistas… suele estar amparado por la Primera Enmienda”, lo que complica la aplicación de esas normativas a agrupaciones difusas.
La antigua fiscal Mary McCord, impulsora en 2019 de una iniciativa legislativa para catalogar el terrorismo nacional como delito federal, manifestó inquietud respecto a la presente propuesta. En una entrevista para Político, McCord advirtió que le teme a que la gestión de Trump intente “instrumentalizar la normativa” para hostigar a adversarios políticos. “Me inquieta profundamente la forma en que podría investigarse y emplearse un delito federal de esta naturaleza”, concluyó.
La revelación de Trump se produce en el marco del homicidio de Charlie Kirk, hecho que el mandatario ha vinculado de forma directa con la “izquierda radical”, aun antes de que se detuviera a algún sospechoso. Este trasfondo subraya el tono político de la iniciativa, que pretende confrontar a un movimiento que ha constituido un blanco recurrente del discurso del presidente.
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