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Oficina central del Seguro Nacional de Salud. La entidad atraviesa una crisis financiera
La externalización de los servicios del régimen subsidiado ha constituido un factor determinante en la crisis actual del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según declaró el doctor Fulgencio Severino. “A partir del gobierno previo, esta Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública comenzó a privatizar servicios, especialmente para el régimen subsidiado, infringiendo la ley 87‑01 que dispone que dicho régimen debe ser atendido en hospitales”, comenta el especialista.
Esta tendencia a privatizar se ha intensificado bajo el gobierno de turno y con el exgerente, el doctor Santiago Hazim, quien fue destituido.
Respecto a la corrupción, durante la administración actual del SeNaSa se implementaron mecanismos de contratación favoreciendo a amistades y contactos cercanos, llegando incluso a forzar a algunos laboratorios a transferir medicamentos a dichos allegados. El escándalo del SeNaSa también incluye controversias sobre la entrega de material de osteosíntesis.
Los servicios que se brindan en los hospitales no cuentan con la autorización del SeNaSa y, además, otras prestaciones se contratan a precios considerablemente inferiores a los que paga al sector privado, sostiene Severino.
“Cada intento de obtener la autorización del SeNaSa para servicios incluidos en el catálogo y ofertados en el Gautier ha topado con resistencia y pretextos del exgerente y del recién destituido directivo de la aseguradora estatal”, comenta al aludir a las negativas. “Cada solicitud de reunión para abordar esos asuntos y las tarifas ha sido rechazada”, afirma.
La contratación de servicios en cápsula para el régimen subsidiado representa un negocio, dado que el gobierno abona RD$353 por afiliado para cubrir los beneficios del plan básico de salud.
En cuanto a la gestión de la crisis, se busca desacreditar a esa ARS con el objetivo de que los asegurados migren a otras ARS, y ya muchos lo están haciendo.
“En medio de esta crisis, se complica el acceso a los fármacos y se obstaculiza el pago a los prestadores, con la única meta de minar financieramente a esta ARS pública y favorecer a las privadas”, declara.
Respecto al grupo que se beneficia de los contratos irregulares, se trata de un jugador que, desde el origen del Seguro Familiar de Salud, intenta favorecer el sistema. Es un aliado tradicional de algunas ARS privadas y, a través de los contratos con el sector privado, procura usar todos los recursos posibles para apropiarse del presupuesto público, sostiene el médico.
La exministra de Salud y exdirectora ejecutiva del SeNaSa, Altagracia Guzmán Marcelino, opina que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) tiene una gran responsabilidad en la crisis que atraviesa la administradora estatal.
Según ella, el expediente que el Gobierno remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) debería incluir el nombre del superintendente de Salud, Miguel Ceara Hatton.
“El superintendente, en su calidad de fiscalizador, debe aparecer en dicho expediente; es una falacia decir lo contrario”, comentó.
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