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En 2021, el entonces ministro de Salud, Daniel Rivera, advirtió al país sobre un gran desafío para nuestro sistema sanitario: la llegada masiva de parturientas haitianas. Según declaró en su momento, esas mujeres representaban el 70 % de los nacimientos en los hospitales de Santiago y Valverde, consumían RD $10 mil millones al año y empujaban al sistema de salud hacia un colapso inminente.
La culpa, claro está, no se atribuyó a los años de abandono estructural, sino a esas parturientas que, en sus palabras, “nos estaban quitando el espacio”.
El presidente Abinader incorporó entre sus 15 medidas de “seguridad y soberanía” un protocolo hospitalario: exigir a los extranjeros identificación, comprobante de domicilio y carta de trabajo para recibir atención médica, además de asignarles una tarifa.
Quienes no cumplan, serán atendidos, pero repatriados una vez estabilizados, con agentes migratorios instalados en cada hospital para vigilar el cumplimiento.
La justificación oficial: garantizar que los dominicanos no sean “desplazados” en su propio sistema de salud.
Avancemos hasta agosto de 2025. El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció que, gracias al “protocolo migratorio” implementado en los hospitales, la atención a ciudadanos haitianos se desplomó hasta en un 67 %. Se proclamó una victoria administrativa, argumentando que ahora sí se podía “aliviar” la presión sobre el sistema y concentrarse en la población dominicana.
¿O no?
Aquí comienzan las preguntas que exigen respuesta. Si la reducción fue tan drástica, ¿en qué partidas concretas se materializaron los ahorros? ¿Se gastó menos en material médico, electricidad, agua o en equipos? ¿Se recortó la nómina del personal de salud?
Y más allá de los números: ¿en qué se invirtieron los recursos liberados? ¿En mejorar las salas de internamiento, que siguen sobrecargadas? ¿En adquirir medicamentos que aún escasean? ¿En garantizar la disponibilidad de sangre, equipos operativos o quirófanos aptos para trabajar? ¿Se ha reforzado la atención primaria? ¿O la gran hazaña se limitó a rechazar parturientas haitianas y maquillar las estadísticas?
Porque, a falta de pruebas que demuestren lo contrario, los usuarios dominicanos continúan denunciando esperas interminables, carencia de insumos básicos y un servicio ineficiente.
La pregunta entonces se vuelve inevitable: si en 2021 la precariedad se culpó a las parturientas haitianas, y en 2025 su presencia se redujo drásticamente, ¿qué justificación queda para la persistente mala calidad del servicio de salud en los establecimientos públicos?
El argumento de la saturación migratoria sirvió, sin duda, como cortina de humo. Y ahora, con menos parturientas haitianas y una red pública de salud cuya percepción sigue siendo desastrosa, ya no queda dónde ocultar la verdad: el colapso no lo provocaron las parturientas haitianas, lo provocó el propio sistema. Y ese, lamentablemente, no tiene protocolo migratorio que lo saque del país.
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