El control de la corrupción debe extenderse a más ámbitos

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Aunque se reconoce que el país ha logrado importantes avances en la detección de irregularidades y actos ilícitos que vulneran el patrimonio público –llevando a los presuntos responsables ante los tribunales– resulta evidente la persistencia de ciertas prácticas corrosivas que se enmarcan dentro del concepto de favoritismo y trato desigual, manifestado por la propia administración al otorgar o negar permisos a proyectos de inversión tanto nacionales como extranjeros. Un tráfico de influencias que, a su vez, consigue subsistir pese a las denuncias.

Desde la principal fuente de capitales externos –Estados Unidos– llegan los resultados de una profunda encuesta dirigida a sectores empresariales interesados en la República Dominicana, los cuales expresan inconformidad y señalan una escasa transparencia y falta de competencia técnica institucional frente al empresariado que llega atraído por la reputación de estabilidad y un entorno favorable para la instalación o expansión de actividades productivas. Peor aún: se reporta haber sufrido las consecuencias de licitaciones diseñadas deliberadamente para beneficiar a “empresas políticamente vinculadas”.

**Puede consultarse:** “Las duras pruebas de las ondas y desviaciones”.

Se trata de auténticos desequilibrios que, en la práctica, generan desventajas en el trato a posibles expansiones de la iniciativa privada. En síntesis, la recopilación de opiniones sobre el comportamiento de funcionarios públicos al aplicar la libertad de empresa ha revelado una insuficiente adopción de buenas prácticas internacionales, lo que impide que el país destaque por su apertura a proyectos que impulsen un crecimiento productivo.

Las quejas por tratamientos poco adecuados a inversores –frecuentemente señalados como blancos de extorsión– incluyen también al nivel municipal, donde, en casos alarmantes, las iniciativas destinadas a dinamizar la economía provincial se ven bloqueadas si no se paga de manera informal; al mismo tiempo, se favorece el lucro ilícito de quienes detentan el control en comunidades que gozan de la famosa “autonomía edilicia”.

¿Será acaso una licencia para las mezquinas apropiaciones indebidas que desfiguran la imagen de la República?

Los encuestados coincidieron en que el presidente Abinader ha cumplido en gran medida su compromiso de colocar la lucha contra la corrupción como prioridad, a pesar de que algunos actores internos no se adhieren a las directrices y logran eludir las sanciones.