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Madrid, (EFEverde). El desperdicio de alimentos provoca un efecto medioambiental que representa entre el 8 % y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según Naciones Unidas. En España, varios colectivos sociales afirman que la reciente normativa para evitar las pérdidas alimentarias deja un “sabor agridulce”, pues estiman que debería incluir la recopilación y difusión de datos sobre volúmenes, así como considerar la cuestión presupuestaria.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra cada 29 de septiembre el “Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos”. En la edición de este año se subraya la relevancia de contar con datos precisos para impedir el descarte de alimentos.
En territorio español, el desperdicio en 2020 llegó a cerca de 25 millones de kilogramos por semana, lo que equivale a casi 1,4 kg por hogar, según la última cifra oficial asentada en la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En 2023, se arrojaron a la basura sin consumir 1 183 millones de kilos de alimentos, de acuerdo con el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
A escala nacional, más del 80 % del desecho corresponde a productos no utilizados, desechados por deterioro, como frutas, hortalizas y lácteos. En la categoría de recetas se incluyen legumbres, guisos, sopas y purés, tal como indica el texto legal del BOE.
Raquel Díaz, directora de proyectos de la fundación Espigoladors, valora positivamente que se haya concretado una norma pionera en Europa y transversal, enfocada en la prevención desde el campo hasta la mesa, pero señala que deja un “sabor agridulce”.
“Todas las organizaciones sociales con las que trabajamos para que esta ley fuera mucho más ambiciosa creemos que podría haber sido mucho más exigente en las obligaciones de las administraciones públicas de recopilar, informar datos y contribuir a la generación de conocimiento sobre lo que está ocurriendo”, indica Díaz. Además añade que “todavía falta mucho por conocer acerca de los volúmenes. Y proporcionar herramientas para prevenir; nos hubiera gustado que la ley incluyera una dotación presupuestaria”.
La fundación Espigoladors se dedica a rescatar la práctica tradicional del “espigueo”, recogiendo el excedente agrícola todavía en buen estado tras la cosecha. Esta labor, explica Díaz, se lleva a cabo junto a una red de voluntarios y se entrega a entidades sociales que distribuyen los alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.
La Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, vigente desde el 2 de abril de 2025, busca disminuir el desecho a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la recolección hasta el consumo en hogares, bares y restaurantes.
La norma obliga a los agentes del sector a disponer de un plan de prevención y a suscribir convenios con entidades sociales y bancos de alimentos para facilitar la donación. Quedan exentos de la medida los pequeños establecimientos de menos de 1 300 m², como las tiendas de barrio.
Díaz opina que deberían acompañarse, de forma voluntaria, esos negocios exentos, pues no deben quedar fuera del control del volumen total. “Si no, quedará gran parte del sistema alimentario fuera del cumplimiento de la ley”, afirma.
El texto establece una jerarquía de destinos: en primer lugar el consumo humano, mediante donación o transformación en productos como zumos o mermeladas; en segundo término la alimentación animal o la elaboración de subproductos; y, como última opción, el reciclado como compost, biogás o combustibles.
En cuanto a sanciones, las infracciones leves –por no aplicar la jerarquía, por ejemplo– oscilan entre un apercibimiento y los 2 000 euros; las graves van de 2 001 a 60 000 euros; y las muy graves pueden alcanzar los 500 000 euros.
Al respecto, la representante de la fundación añade que es necesario contar con las organizaciones sociales y crear plataformas de actores que garanticen el cumplimiento normativo. “Estamos a la espera de ver cómo se desarrollan los reglamentos y la puesta en práctica. No podemos conformarnos con que la ley exista; hay que crear todos los organismos y mecanismos que aseguren su cumplimiento”, subraya.
Según datos de Naciones Unidas, alrededor del 13 % de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la venta minorista, y el 19 % de la producción total se desperdicia en hogares, restauración y comercio minorista. Las mayores pérdidas se dan en África subsahariana, con un 23 %, mientras que América del Norte y Europa registran las pérdidas más bajas, alrededor del 10 %. A nivel global, frutas y verduras presentan la tasa de pérdida más alta, con un 25,4 %, seguidas de la carne y los productos de origen animal con un 14 %.
“Cuando se pierden o despilan alimentos, se desaprovechan todos los recursos que se emplearon para producirlos –agua, tierra, energía, mano de obra y capital–. Además, la eliminación de los alimentos perdidos o desechados en vertederos genera emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agrava el cambio climático. La pérdida y el desperdicio de alimentos también pueden repercutir negativamente en la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos, y contribuir a elevar los precios de la alimentación”, declara Naciones Unidas. EFEverde.
Espigueo por ley para lograr un sistema alimentario sostenible. Por Mireia Barba Cuscó, Presidenta Fundación Espigoladors.
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