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Los miembros de la supuesta organización que se dedicaba a la piratería a través de la venta no autorizada de señales de canales de televisión y de plataformas de streaming, desmantelada por la conocida operación Domo, contaban con funciones definidas dentro de la presunta estructura delictiva. Según la petición de medida coercitiva, los acusados conforman un grupo delictivo organizado en los términos del artículo 2, literal a) de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000), con el fin de obtener, de forma directa o indirecta, un beneficio económico o cualquier ventaja de carácter material. La acusación del Ministerio Público describe a continuación el supuesto rol que ejercía cada uno dentro de la presunta red criminal:
‑ Responsable de coordinar las actividades ilícitas y gestionar las plataformas empleadas para la distribución ilegal de contenidos protegidos.
‑ Actúa como administrador financiero y societario, empleando múltiples empresas fachada para introducir en el sistema financiero nacional los recursos obtenidos de manera ilícita, así como para adquirir inmuebles y vehículos de alto valor con el producto del delito.
‑ Como socia y beneficiaria final de las empresas vinculadas, colabora en la compra y ocultamiento de bienes muebles e inmuebles, sirviendo de soporte para legitimar los recursos ilícitos de la organización; además, es esposa de Raúl Ernesto Guzmán Lora.
‑ Hijo de los anteriores, desempeña el papel de testaferro y receptor de activos, pues a su nombre aparecen inmuebles, cuentas y productos financieros multimillonarios sin justificación económica ni tributaria, evidenciando su función de encubrimiento patrimonial.
‑ Intermediaria financiera, responsable de canalizar fondos ilícitos al sistema bancario nacional y de transferirlos a otros integrantes de la red, fungiendo como enlace entre los cabecillas y los demás operadores; actualmente es pareja del señor Raúl Ernesto Guzmán Lora.
El pasado 16 de septiembre, un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en conjunto con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti‑Lavado de Activos y Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). La operación se realizó junto a miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y del Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
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