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Los senadores de la República volvieron a aprobar en su primer debate el proyecto de reforma de la Ley 16‑92, después de que éste se diera a conocer en julio al término de la anterior legislatura ordinaria.
El texto aprobado no modificó, por ahora, la indemnización por desempleo establecida en la normativa actual. No obstante, incorpora nuevas cláusulas que, según los parlamentarios, pretenden ajustar la legislación laboral a las exigencias contemporáneas del país.
Por ello, la comisión especial del Senado introdujo en el artículo 44—propuesta aceptada—una obligación adicional para los empleados: someterse a exámenes antidopaje.
Conforme al informe definitivo aprobado en el pleno senatorial, el personal que desempeñe funciones de seguridad, manejo de maquinaria o equipos riesgosos, transporte público, o que interactúe con menores, pacientes o grupos vulnerables, “deberá someterse” a estos test de detección de sustancias.
Sin embargo, el texto no determina la frecuencia con la que deben efectuarse dichas pruebas ni a qué autoridad deben remitirse los resultados. Asimismo, no establece las penalizaciones por incumplir la obligación.
Entretanto, los diputados aguardan que la Cámara Alta la respalde en segunda discusión, para que el proyecto avance y vuelva a ser analizado por una comisión.
La normativa 63‑17, que rige la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, incluye actualmente una sección destinada a prohibir la conducción bajo la influencia de drogas o alcohol.
En agosto del presente año, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) llevó a cabo una operación preventiva que detectó a 37 conductores que circulaban en la flota vehicular tras haber consumido sustancias ilícitas. La mayoría laboraba en paradas de autobús ubicadas en el interior del país. Las sanciones previstas van desde la suspensión hasta la revocación de la licencia, conforme a la normativa, y la imposición de multas equivalentes a cinco a diez salarios mínimos del sector público.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021, los siniestros viales constituyen la principal causa de mortalidad en la nación, con una tasa de 27,4 muertes por cada 100 000 habitantes, posicionándolo como uno de los países más riesgosos de la región.
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