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La sentencia emitida este viernes expone a 350 000 venezolanos a la posibilidad de ser detenidos y deportados de inmediato, y deja a otros 250 000 sin protección a partir del 7 de noviembre, fecha en que expirará su amparo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió a favor de la administración de Donald Trump, permitiendo que se vuelva a revocar el estatus de protección temporal (TPS) y poniendo en riesgo de expulsión a cerca de 300 000 migrantes venezolanos.
El fallo se adoptó con seis votos a favor y tres en contra, respaldando al Departamento de Seguridad Nacional y revocando la decisión de un tribunal federal de California que había denegado al gobierno de Trump la facultad de suspender el TPS para aproximadamente 600 000 inmigrantes. Con esta resolución, los 350 000 venezolanos quedarán vulnerables a detención y deportación inmediata, mientras que 250 000 más perderán su protección el 7 de noviembre, fecha límite del programa. Por ahora, la medida no afectaría a los beneficiarios haitianos del TPS.
“Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado”, señaló la opinión mayoritaria, que se remite a una resolución anterior del mismo caso que había favorecido al gobierno de Trump mediante una vía de emergencia.
Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión de la mayoría. En su voto disidente, Jackson advirtió que “no puedo estar de acuerdo con estas interferencias reiteradas, gratuitas y dañinas en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.
El gobierno solicitó al Supremo, a finales de septiembre, que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación que habían sido extendidas por orden de un juez federal. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Universidad de California‑Los Ángeles y parte de los abogados demandantes, calificó el fallo como “la señal más extrema” de que la Corte Suprema “ha abandonado el derecho por la política”.
Esta decisión forma parte de una controversia legal iniciada contra el amparo otorgado por el expresidente Joe Biden en 2021, ampliado en 2023 para cubrir a un mayor número de inmigrantes que ingresaron a EE. UU. de manera irregular. En febrero pasado, la Casa Blanca anunció la terminación del programa; desde entonces, tribunales inferiores bloquearon la medida en varias ocasiones, generando un extenso proceso de apelaciones que ahora parece concluir con la autorización del Supremo para revocar las protecciones a más de 600 000 migrantes.
Por su parte, Jéssica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) que representa a los venezolanos, advirtió que “no permaneceremos en silencio ante tal injusticia”, e invitó a los afectados y al público en general a participar en la Semana de Acción para Proteger a las Familias del TPS, que se celebrará del 6 al 10 de octubre.
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