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La reforma carcelaria que impulsa el Gobierno cuenta, entre otros aspectos positivos, con la reducción de la población penitenciaria a través de diversas iniciativas, sin limitarse únicamente a la apertura de nuevos centros.
Por el hacinamiento, la corrupción y las fragilidades del sistema penitenciario, las cárceles se han convertido en focos de delincuencia, desde donde se ordenan, según admiten las propias autoridades, crímenes y asaltos. Lejos de la rehabilitación de los reclusos, las prisiones son centros de perversión. Además, más del 60 % de los internos son preventivos, entre los cuales hay muchos detenidos por trivialidades o fallos burocráticos.
Por esa y otras razones el proyecto anunciado por la vicepresidenta Raquel Peña, que busca reducir la población carcelaria en un 45 %, reviste gran importancia. La vicemandataria explicó que la iniciativa, puesta en marcha en 2024, prevé la eliminación paulatina de los establecimientos penitenciarios tradicionales y el traslado de los internos a entornos más modernos y dignos.
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Con tan solo evaluar el estado de salud de los reclusos, las cárceles comenzarían a descongestionarse, ya que hay muchos privados de libertad enfermos que no cuentan con quien se preocupe por ellos. La transformación y humanización del sistema penitenciario es una tarea que las autoridades deben acelerar para superar el sombrío y cruel régimen carcelario.
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