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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales presentaron este miércoles al Pentágono una solicitud de información y documentos vinculados a los ataques letales ordenados por el Gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en el Caribe.
Con fundamento en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), ambas entidades solicitaron formalmente al Departamento de Defensa la orden firmada por el presidente Trump en julio pasado, la cual autoriza la utilización de la fuerza militar contra los cárteles de droga latinoamericanos que la administración califica como “organizaciones terroristas”.
Las peticiones también incluyen la reciente opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC), una dependencia del Departamento de Justicia, que determina que el mandatario posee la autoridad para ordenar ataques letales contra dichos cárteles, al menos cinco en la región caribeña, el último divulgado este martes por el presidente estadounidense y que ha cobrado la vida de, al menos, seis personas catalogadas por la Casa Blanca como “narcoterroristas”.
La ACLU aludió al testimonio de la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, la semana pasada ante el Comité Judicial del Senado, donde ella se negó a confirmar la existencia de la opinión de la OLC.
No obstante, ese mismo día, en otra comparecencia, Charles Young, candidato a asesor general del Ejército de EE. UU., explicó al Senado que la “opinión se elaboró mediante un grupo de trabajo interinstitucional de abogados”, que incluía a representantes de la Casa Blanca y a varias agencias ejecutivas.
“Todas las pruebas disponibles indican que los ataques letales del presidente Trump en el Caribe constituyen, clara y sencillamente, un asesinato”, manifestó en un comunicado Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
Stein insistió en que el público estadounidense tiene derecho a saber cómo el Ejecutivo justifica dichos ataques como legítimos y, dada la relevancia del asunto, “es imperativo un escrutinio público inmediato”.
Desde principios de septiembre, el presidente Trump ha ordenado cinco embates contra embarcaciones privadas que navegaban en alta mar, los cuales, según diversos informes, han causado la muerte de al menos 27 personas.
“En un sistema constitucional, ningún presidente puede decidir arbitrariamente asesinar a personas desde el cielo basándose en su capricho o decisión”, declaró Baher Azmy, director jurídico del Centro de Derechos Constitucionales, quien defendió la entrega de la información como parte esencial de la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno Trump. EFE
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