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Nueva York.- Tres organizaciones gremiales de trabajadores han interpuesto una acción judicial contra la Administración de Donald Trump, alegando la implementación de una presunta “vigilancia ideológica” en las redes sociales de personas inmigrantes con visado en Estados Unidos, mediante el empleo de inteligencia artificial (IA).
Los sindicatos Trabajadores Unidos del Automóvil (UAW), Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA) y la Federación Americana de Profesores (AFT) formalizaron la demanda legal ante los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, conforme a reportes de medios locales difundidos este viernes.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), que ejerce la representación legal de las organizaciones sindicales, señaló que esta es la primera demanda de su clase. En un comunicado oficial, la EFF puntualizó que el programa de monitoreo “contraviene la Primera Enmienda (libertad de expresión) y la Ley de Procedimiento Administrativo”.
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el Gobierno hace uso de IA y sistemas automatizados para examinar las cuentas personales de inmigrantes con el propósito de identificar y sancionar posturas contrarias a su gestión. A esto se suma una “campaña pública de intimidación” que ha generado zozobra entre los afectados.
Los demandantes han solicitado a un juez neoyorquino la suspensión inmediata del programa. Sostienen que el sistema de vigilancia ha provocado autocensura y ha dificultado la labor sindical, al afectar las libertades de asociación entre miembros actuales y potenciales.
Una consulta interna realizada por el UAW reveló que el 80 % de sus afiliados inmigrantes con visado modificaron su proceder en redes sociales tras enterarse del seguimiento digital. En el caso del CWA, este porcentaje alcanzó el 40 %.
Durante el mandato de Donald Trump, la Administración implementó un cúmulo de políticas migratorias más rigurosas, incluyendo la revisión del historial digital de ciudadanos extranjeros que gestionaban visas o residencia en Estados Unidos. A partir de 2019, los solicitantes debían aportar sus cuentas de redes sociales como parte del proceso de verificación.
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Este escrutinio digital fue justificado por razones de seguridad de la nación, pero suscitó intensas críticas de grupos defensores de los derechos civiles, que lo calificaron como una modalidad de vigilancia masiva que vulnera la libre expresión y el derecho fundamental a la privacidad.
Con la rápida evolución de la inteligencia artificial, surgieron inquietudes respecto al empleo de estas tecnologías para analizar afinidades políticas y dictaminar decisiones migratorias de manera discrecional. En este panorama, diversos sindicatos empezaron a documentar las repercusiones que este tipo de monitoreo ejercía sobre sus miembros inmigrantes.
La acción legal iniciada ahora por tres importantes sindicatos ante un tribunal de Nueva York constituye el primer esfuerzo judicial para detener estas prácticas por su supuesto sesgo ideológico y represivo, amparándose en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
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