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Miami. — La controversia sobre una justicia politizada en Estados Unidos ya es un asunto vigente con efectos evidentes en la vida pública estadounidense. Según el Miller Center, este desequilibrio se remonta al célebre caso Watergate (1972), cuando Richard Nixon ordenó la destitución del fiscal especial Archibald Cox, desencadenando la Masacre del Sábado por la Noche, con una serie de renuncias en el Departamento de Justicia. En aquel entonces se logró proteger a los fiscales de la influencia de la Casa Blanca: el Congreso estableció en 1978 la figura del fiscal independiente mediante la Ley de Ética en el Gobierno y, tras su caducidad, el propio Departamento de Justicia la reemplazó con el sistema de “fiscal especial”.
Esa estructura de la era pos-Watergate buscaba asegurar que, en la Unión Americana, las investigaciones cruciales se resolvieran basándose en evidencias y no en presiones políticas. Hoy, este panorama coexiste con una Corte Suprema que en el caso Trump vs United States (1 de julio de 2024) otorgó inmunidad total para los actos esenciales del poder presidencial y una inmunidad presunta para otras acciones oficiales. Además, existe una Ley de Insurrección que, como señala el Brennan Center for Justice, “concede una amplia discrecionalidad al presidente en materia de protección penal y extensos poderes de emergencia frente a los controles sustentados en reglas inferiores y la cultura institucional”. Ante esto, la jueza Sonia Sotomayor comentó en ese momento: “con miedo por nuestra democracia, disiento”, y advirtió que “en cada ejercicio de poder oficial, el presidente es ahora un monarca por encima de la ley”.
Este cambio de criterio judicial se suma a otras modificaciones estructurales: en junio de 2024, el fallo Loper Bright Enterprises vs Raimondo eliminó la llamada “deferencia Chevron”, reafirmando que los jueces, y no las agencias federales, deben decidir “todas las cuestiones jurídicas esenciales” bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA).
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“El desenlace debería ser insostenible, porque otorga mayor blindaje penal a la presidencia y, al mismo tiempo, eleva la exigencia judicial para que las agencias federales fundamenten con precisión sus interpretaciones frente a señalamientos y denuncias”, explica la Asociación Estadounidense de Abogados (ABA) a EL UNIVERSAL.
En este contexto, los asuntos delicados adquieren una nueva dimensión política. La imputación federal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentada por un gran jurado en el Distrito Este de Virginia, lanzó un mensaje que trasciende su persona. James, quien dirigió el litigio civil que afectó a la Organización Trump, catalogó la acusación como “una utilización indebida de nuestro sistema de justicia”.
Otro caso encendió las alarmas: el procesamiento del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, por una supuesta mentira al Congreso. La defensa de Comey habla de “persecución vengativa”, es decir, que la fiscalía tomó medidas para castigar a una persona por ejercer un derecho legal (como apelar, solicitar un juicio con jurado o cambiar de jurisdicción) en lugar de fundamentar los cargos en razones jurídicas legítimas. “En la legislación estadounidense, esto vulnera el debido proceso y podría llevar al juez a desestimar el caso”, confirma la ABA.
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Y el caso más reciente, el del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, acusado por la Justicia por “irregularidades” en el manejo de información clasificada, debido a datos publicados en un libro en el que critica abiertamente a Trump. “Me he convertido en el último blanco del uso instrumental del Departamento de Justicia para imputar a quienes él considera sus enemigos con cargos que antes fueron desechados o que distorsionan los hechos”, replicó Bolton.
Estos asuntos centran la atención en la elección de objetivos críticos de Trump. Al menos superficialmente, se percibe un ánimo de revancha política; incluso si el caso se confirma o se desestima en el juicio, los analistas coinciden en que socava la noción de imparcialidad. La administración Trump sostiene que no hay “órdenes” provenientes del Despacho Oval y que el Departamento de Justicia actúa “con fundamento legal”.
Pero en estas circunstancias, entre presiones públicas y desmentidos oficiales, se refuerza la idea de una fiscalía guiada por una brújula partidista.
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Estudios independientes muestran una disminución en la confianza hacia la Corte Suprema de Estados Unidos y una división partidista sin precedentes en la evaluación del poder judicial. En octubre de 2025, Gallup registró que solo el 42% aprueba el desempeño de la Corte Suprema y menos de la mitad confía en la rama judicial; un porcentaje récord considera que la Corte es “demasiado conservadora”.
La confrontación ya no se limita a casos específicos, sino que abarca la configuración del Estado. En abril de 2024, la Oficina de Administración de Personal (OPM) aprobó una norma para proteger el servicio civil ante un posible retorno del Schedule F, el esquema que permitiría recategorizar miles de puestos y facilitar el despido de funcionarios de carrera. El 20 de enero de 2025, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para resucitar esta idea, rebautizada como Schedule Policy/Career, y solicitó anular las protecciones de 2024. En esencia, la pregunta es simple: ¿la permanencia en la administración se define por el mérito profesional o por la lealtad política?
“La inmensa mayoría de la ciudadanía cree que quienes trabajan en el gobierno deben ser contratados y ascendidos por mérito, no por lealtad. Este plan pretende sustituir esos valores y convertir el requisito para ocupar altos cargos en una cuestión de ideología y militancia”, advirtió Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, al anunciar acciones para detener el desmantelamiento del servicio civil.
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La ABA condenó “comentarios que parecen cuestionar la legitimidad de la revisión judicial y exigen la destitución de un juez solo porque el tribunal no estuvo de acuerdo con la postura del gobierno”, y alertó que tales ataques “conllevan serios riesgos para nuestro marco constitucional de tres poderes iguales”. El escenario es inquietante: cifras del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos señalan cientos de amenazas contra jueces federales en 2024 y 2025, un problema que la ABA instó a afrontar con una defensa activa de la independencia judicial.
El abogado constitucionalista Stephen Vladeck explica a este medio que la sentencia de la Corte Suprema en el caso Trump vs United States es “la validación más extensa del Poder Ejecutivo [estadounidense] ‘exclusivo’ que hayamos visto de la Corte [Suprema de Estados Unidos]”. Esto implica que “hay esferas del poder presidencial donde el Congreso y los tribunales quedan prácticamente al margen”, por ejemplo, la relación del presidente con el Departamento de Justicia y su potestad para remover a sus altos colaboradores.
“El patrón es claro: cuando la etiqueta de ‘acto oficial’ del presidente hace improbable una sanción, los controles se centran en castigar daños ya consumados”, subraya Vladeck, como en los casos de James y Comey. Y aunque “esto no convierte al presidente en ‘omnipotente’ para cualquier cosa, sí amplía desproporcionadamente los límites de la justicia donde más se necesitan los contrapesos”.
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Aziz Huq, profesor de la Universidad de Chicago, lo explica así: “Si lo que hace el presidente [estadounidense] se califica como ‘oficial’ y esto lo protege del castigo penal, aumenta el estímulo para torcer las reglas y se debilitan los filtros internos que suelen frenar los abusos”.
Los analistas apuntan a que procesar a una fiscal estatal que investigó al presidente envía una advertencia a otras autoridades con capacidad para supervisar a empresas o figuras políticas federales. Incluso si el gobierno gana en los tribunales, el perjuicio reside en el efecto paralizador sobre futuras investigaciones incómodas. Paralelamente, el análisis del Brennan Center for Justice enfatiza que la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar tropas dentro del territorio nacional, es “peligrosamente ambigua y requiere una reforma urgente”.
No todo son fisuras. Precisamente porque la Corte Suprema amplió la inmunidad penal para actos oficiales, los “frenos” no penales adquieren una relevancia especial. La APA faculta a los jueces a “anular” decisiones de agencias si resultan arbitrarias o exceden su cometido; además, los tribunales ya no están obligados a aceptar interpretaciones “razonables” del Ejecutivo solo por la ambigüedad del texto. Esta vía, práctica y técnica, ha conseguido y seguirá consiguiendo detener órdenes sin suficiente fundamento.
Según Freedom House, la composición del Congreso estadounidense intensifica la sensación de que una mitad del país está dictando el rumbo nacional. Tras la elección de 2024, los republicanos lograron la mayoría en el Senado y mantuvieron, por poco, la Cámara de Representantes. La nueva correlación de fuerzas explica por qué la agenda y la exposición pública se centran en el lado oficialista, mientras la oposición actúa con menos reflectores y más estrategia procesal.
El sistema no ha agotado todas sus posibilidades: jueces federales continúan dictando medidas cautelares contra acciones ejecutivas precipitadas; fiscales de carrera impugnan nombramientos o reasignaciones que vulneran normativas y coaliciones de estados litigan con éxito contra órdenes y reglamentos sin base legal. “La imagen institucional es contradictoria, las institu…
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