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El Poder Ejecutivo ha introducido ante el Senado el proyecto de ley que contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), concebido como un organismo regulador y supervisor de contenidos en plataformas digitales y medios informativos, enfocado en resguardar la privacidad y dignidad de los ciudadanos.
Esta propuesta, gestada a lo largo de dos años por una comisión especial designada por el presidente Luis Abinader, ha provocado severas críticas de estamentos políticos, asociaciones profesionales y comunicadores independientes. Estos grupos alertan que el Inacom, aunque diseñado como entidad autónoma, “podría exceder sus competencias y transformarse en una herramienta de control gubernamental o censura”, según ha señalado la SIP.
En contraparte, el Gobierno, las principales cabeceras periodísticas, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y periodistas influyentes respaldan la medida. Ellos argumentan que el proyecto protege la libertad de expresión sin censura previa y asegura el respeto al debate público y la crítica.
En su reporte, la organización además apuntó a un creciente hermetismo en la administración gubernamental, reportado por los periodistas.
Como ejemplo se cita que el acceso al Palacio Nacional, que antes solo requería una acreditación de prensa validada, ahora exige solicitudes formales con hasta una semana de antelación. Los reporteros denuncian restricciones para entrevistar libremente a funcionarios y un comportamiento más hostil por parte del equipo de seguridad durante las conferencias de prensa.
El Gobierno, a su vez, ha reiterado su compromiso con la libertad de prensa en foros locales e internacionales, cada vez que han surgido denuncias de agresiones verbales o físicas contra miembros de la prensa, confirmó la SIP.
Por otro lado, la organización hizo referencia al caso del ‘Listín Diario’, considerado el periódico más antiguo del país, que en mayo denunció un acto de censura externa. La empresa estadounidense Network Solutions le dio un ultimátum de 48 horas para retirar una noticia sobre el caso de corrupción de Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de un exministro, amenazando con interrumpir sus servicios digitales.
El medio rechazó firmemente la amenaza, rescindió su contrato con la compañía y lo tildó de violación flagrante a la libertad de expresión, enfatizando la necesidad de marcos legales que brinden protección ante la censura de tipo indirecto.
Durante este periodo, el senador oficialista Rafael Duluc impulsó una iniciativa complementaria que busca penalizar cualquier forma de expresión que incite al odio, la hostilidad o la discriminación. “Aunque la finalidad declarada es loable, su redacción ambigua provoca inquietud de que pueda ser utilizada de manera discrecional para sofocar la crítica y obstaculizar el periodismo de investigación”, advirtió la SIP en su informe.
El documento también informó sobre la resolución del Ministerio de Cultura de establecer pautas de conducta para los medios. Paralelamente, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos suspendió por 30 días el programa radial “Sin Filtro” y al artista Sujeto Oro 24 por el uso de “lenguaje soez y expresiones de mala intención”.
Adicionalmente, la SIP reportó la ocurrencia de diversos incidentes de agresiones y trabas al ejercicio periodístico, cometidos principalmente por escoltas de funcionarios públicos.
Un episodio destacado, según la SIP, involucró a la seguridad de la vicepresidenta Raquel Peña, quien posteriormente ofreció disculpas públicas por el incidente. Un caso similar tuvo como protagonistas a los miembros de seguridad de la ministra de Interior, Faride Raful.
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