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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha dado a conocer los resultados de su 81ª Asamblea General, la cual tuvo lugar en Punta Cana

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Por su parte, los presidentes de Costa Rica y Ecuador mantienen una disertación ofensiva hacia los periodistas.

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El balance final trazó un panorama inquietante, enfatizando la creciente animadversión y el señalamiento (“estigmatización”) impulsados frecuentemente por declaraciones provenientes de las más altas esferas del poder político.

La jornada de cierre de la 81ª Asamblea General de la SIP, celebrada en Punta Cana, se caracterizó por la firme presentación de sus conclusiones. En ellas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una severa advertencia continental sobre el menoscabo de la libertad de prensa.

El balance final trazó un panorama inquietante, enfatizando la creciente animadversión y el señalamiento impulsados frecuentemente por declaraciones provenientes de las más altas esferas del poder político.

Al iniciar las deliberaciones de esta 81ª Asamblea, el presidente de la organización, José Roberto Dutriz, puso de relieve el impacto a nivel continente de la coyuntura institucional que atraviesa Estados Unidos.

“No estamos hablando solo de agresiones a periódicos o a cadenas de televisión; lo que está en riesgo es la fragilización del sistema democrático más influyente de nuestro hemisferio. Y seamos claros: lo que sucede en Washington tiene resonancia en toda América”, señaló Dutriz.

Durante el último semestre, se ha documentado una retórica hostil contra el periodismo en diversas naciones.

La expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, con la que el presidente argentino Javier Milei suele culminar sus publicaciones en la plataforma X relativas a la prensa, se establece como un indicador del nivel de peligro que el discurso oficial supone para el ejercicio de la labor periodística.

En una tónica similar, el presidente colombiano Gustavo Petro persiste en tachar de mala manera a medios y periodistas, vinculándolos con prácticas delictivas (“mafiosas”). Por su parte, los presidentes de Costa Rica y Ecuador mantienen una disertación ofensiva hacia los periodistas.

En Honduras fue asesinado el reportero Javier Hércules Salinas. Del mismo modo, en Perú perdió la vida el periodista Raúl Celis.

En Bolivia, varios medios fueron objeto de multas y otras sanciones por difundir propaganda electoral, con montos que en algunos casos superaron el valor de las propias empresas periodísticas.

En Panamá, las querellas civiles y penales contra medios y profesionales de la prensa constituyen los métodos más habituales para socavar la estabilidad económica de las empresas y desincentivar a los trabajadores de prensa.

El hostigamiento ejercido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele contra el periodismo libre ha forzado al exilio a 40 periodistas en tan solo los últimos seis meses.

En Haití, la gravedad de la crisis de seguridad es el principal factor que obliga a más periodistas a abandonar el país.

La vigilancia, el seguimiento y el acoso, ya sea físico o digital, son prácticas habituales (“moneda corriente”) en Cuba.

José Rubén Zamora lleva ya tres años encarcelado en Guatemala, mientras que el periodista Milton Polanco sigue desaparecido desde febrero. En Nicaragua, Irving Guerrero, Leo Cárcamo y Elsbeth D’Anda están tras las rejas. En Venezuela, la cifra de periodistas presos asciende a 18.

En Brasil se acumulan los expedientes de acoso judicial y censura. En México, la persecución por vía judicial se consolida como el instrumento de censura primordial.

Pese a un panorama general que se ensombrece progresivamente, caben destacar algunos indicios alentadores, como los ofrecidos por Luis Abinader en la apertura de la asamblea.

“Un gobierno que siente temor a la prensa, siente temor a la verdad”, afirmó el presidente en un discurso en el que defendió taxativamente la libertad de expresión.

En Costa Rica, merecen mención dos fallos judiciales representativos de la Sala Constitucional, uno sobre el acceso a la información pública y otro relativo a la libertad para manifestar opiniones críticas.

En Colombia, una determinación de la Corte Suprema de Justicia fija un precedente de gran trascendencia al confirmar que los crímenes perpetrados contra periodistas son considerados ataques a la libertad de prensa y a la democracia, y no meros homicidios comunes.

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