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En los últimos días, ha circulado en algunos medios de comunicación una información que sugería que el consorcio EMDOC, adjudicatario del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, podría tener un origen o capital mayoritariamente haitiano. Esta situación encendió las alarmas en amplios círculos de la opinión pública nacional.
Esta inquietud era previsible dada la historia compleja y a menudo tensa, en términos migratorios, que ha caracterizado a los dos pueblos que comparten la isla La Española. Las especulaciones no tardaron en surgir, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas de redes sociales de República Dominicana. Afortunadamente, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) percibió el peligro de que la controversia ganara terreno y, actuando con prontitud, salió al frente para negar categóricamente que el consorcio adjudicatario del proceso fuese de origen o tuviera capital haitiano. De paso, reafirmaron el control absoluto, exclusivo y soberano que poseen sobre los datos de la población dominicana.
El Pleno del máximo órgano electoral, liderado por su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo, e integrado, además, por los magistrados Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Mercelle Fernández Guzmán y Rafael Armado Vallejo Santelises, hizo esta aclaración durante una comparecencia pública. Esta acción fue sumamente oportuna para evitar la construcción de una percepción negativa en torno al proceso, lo que podría haber llegado a enturbiar incluso los resultados de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales que se celebrarán en el año 2028.
Una determinada percepción no siempre se corresponde con la realidad, pero, una vez arraigada en la conciencia colectiva, se asume como una verdad irrefutable. El artículo 14 de la Ley 20-23, de Régimen Electoral, establece entre las atribuciones de la Junta Central Electoral la custodia, preservación y mantenimiento del registro civil y la cédula de identidad, lo que conlleva una responsabilidad que no puede delegar en este ámbito. Lo cierto es que, aparentemente, ha quedado claro que la empresa internacional ganadora se encargará de suministrar los equipos, materiales y servicios necesarios para la renovación de la cédula, pero que la Junta Central Electoral mantiene la rectoría absoluta de los datos personales.
Todo el proceso de renovación del documento será ejecutado por personal técnico propio del órgano electoral, asegurando así que no haya posibilidad de vulneración o manipulación de la información recopilada. El consorcio está compuesto por cinco compañías: una dominicana, dos panameñas y dos alemanas, según la información disponible hasta ahora. Una de las firmas alemanas, Veridos GmbH, tiene una participación estatal del 40 % a través de la imprenta federal alemana Bundesdruckerei Gruppe GmbH, que es propiedad del Gobierno alemán. A esto se suma el hecho de que la Junta Central Electoral ha obtenido certificaciones internacionales en seguridad de la información (ISO 27001) y continuidad del negocio (ISO 22301), ambas recertificadas en 2024 y 2025, lo que garantiza el cumplimiento de estándares rigurosos en el manejo de datos personales y tecnológicos.
Otro punto a favor de las autoridades electorales es el cuidado que han tenido de incluir a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos en el proceso de acompañamiento. Se han comprometido a establecer reuniones técnicas con sus delegados para garantizar la total transparencia del proyecto.
La responsabilidad y la honestidad demostrada por los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral invita a confiar en que no defraudarán a la sociedad dominicana en este proyecto crucial de renovación de la cédula de identidad y electoral.
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