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Santo Domingo.- La propuesta de ley destinada a modificar el Código Procesal Penal está generando serios cuestionamientos por parte de juristas y voceros de la sociedad civil, quienes alertan que, de ser preservada en su formulación actual, existe el riesgo de que la misma sea declarada inconstitucional por contravenir postulados esenciales fijados en la Ley Sustantiva dominicana.
La inquietud principal se origina por la adición del artículo 25, que extiende la aplicación de la analogía jurídica no solo en beneficio del imputado, sino también a favor de otros intervinientes en el procedimiento. Esta enmienda, a juicio de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), infringe el artículo 74 de la Constitución y se opone a un fallo judicial emitido previamente por el Tribunal Constitucional.
El congresista del partido de gobierno, Eugenio Cedeño, tildó dicha estipulación como un “error garrafal” desde el punto de vista legal, enfatizando que su ratificación supondría un quebrantamiento de normas básicas del derecho procesal penal.
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A su vez, el exdirector de FINJUS y antiguo procurador general, Francisco Domínguez Brito, censuró la premura con la que se pretende dar luz verde a la reforma, aseverando que “no se ha facilitado el período necesario para llevar a cabo un estudio minucioso y consciente”. A raíz de esto, solicitó al hemiciclo la paralización del trámite y la reconsideración del borrador antes de su sanción final.
En contraparte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, salió en defensa de los progresos alcanzados por el proyecto, asegurando que la Comisión de Justicia ha deliberado con total transparencia y apertura a la participación de distintos colectivos, y que el propósito es disponer de un Código Procesal Penal renovado y en plena consonancia con el flamante Código Penal. Agregó que la Cámara Alta seguirá receptando observaciones hasta que fenezca la ventana legislativa fijada.
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