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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de la Verdad demandaron a la Procuraduría General de la República investigar y llevar ante la justicia a funcionarios y miembros del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, señalados por modificar la escena y manipular el reporte oficial sobre la trágica explosión acaecida el 14 de agosto de 2023, que cobró la vida de 47 personas y dejó a 12 desaparecidos.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, lideró la entrega de un voluminoso y documentado expediente que, según sus palabras, contiene pruebas irrefutables de la inexactitud y desviación del informe presentado por las autoridades pertinentes.
“Vamos a demostrar la distorsión del informe y la infracción a la Constitución y a los convenios internacionales”, manifestó Mercedes, quien asistió a la Procuraduría acompañado por integrantes de la Comisión de la Verdad, abogados, víctimas y parientes de los damnificados. El dirigente destacó que el único informe oficial presentado fue el “Informe Final de Investigación Científica de Incendios y Explosiones”, elaborado por el capitán Francis Leonel Pérez, técnico del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, fechado el 25 de agosto de 2023.
El cual tachó de “completamente invalido” debido a sus incongruencias, falsedades y por no haber sido elaborado realmente en la institución. Según Mercedes, esta acusación se apoya en una certificación del 5 de junio de 2025, firmada por la plana mayor del Cuerpo de Bomberos y por el coronel Juan Alberto Marmolejos López, quien figuraba como encargado del Departamento Técnico en dicho informe.
Piden interrogar a víctimas y examinar los escombros
El presidente de la CNDH-RD requirió que se entreviste a las víctimas, a sus familiares y a todas las personas que aparecen en los videos depositados ante la Procuraduría, incluyendo al exalcalde de San Cristóbal José Montás y a varios empleados del Ayuntamiento. Además, solicitó realizar una pericia técnica y un nuevo levantamiento en el vertedero municipal, sitio donde fueron depositados los restos de la catástrofe.
Con el objetivo de recuperar posibles restos humanos y evidencias. Mercedes también sugirió interrogar a los conductores y dueños de los camiones que transportaron los materiales, ya que —según indicó— “ellos pueden describir lo que vieron, sintieron y olieron durante el traslado”.
Acciones judiciales
El documento entregado a la Procuraduría establece que, una vez comprobados los hechos denunciados, se deben iniciar procesos judiciales contra: Los miembros del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal que subscribieron el informe final, por falsificación ideológica, ocultamiento de elementos probatorios y alteración de la verdad. Los funcionarios públicos que intervinieron en la planificación y destrucción del lugar donde ocurrió la tragedia. “No solo deben rendir cuentas por las explosiones, sino también por haber escondido pruebas, falsificado documentación y desaparecido cadáveres”, recalcó el doctor Mercedes.
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