Salud

El peligro y la inseguridad de envejecer en la República Dominicana

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Cuando el agotamiento la rindió y sostener su escoba se volvió una tarea insoportable, fue excluida del esquema de pensiones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

**Doña Margarita Gutiérrez, víctima de múltiples maltratos.**

Cada surco marcado en sus manos, ya ajadas por el paso del tiempo, y en su rostro castigado, relata el periplo de Margarita Gutiérrez, quien dedicó 18 años de su juventud a servir en el Ayuntamiento de la Alcaldía de Santo Domingo Este, bregando bajo el sol y la lluvia para limpiar las vías del municipio. Cuando el agotamiento la rindió y sostener su escoba se volvió una tarea insoportable, fue excluida del esquema de pensiones. Dicho sistema está regido por la Ley 87-01, que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuya finalidad es asegurar una jubilación digna a los trabajadores, mediante el ahorro obligatorio durante su etapa activa.

Sin embargo, ese retiro “decoroso” nunca llegó a sus manos, pues al momento de intentar cobrar su pensión, fue uno de sus tres hijos quien se apropió de esos 18 años de esfuerzo, al acompañarla en el trámite para retirar su jubilación y hacerse con el dinero reembolsado por su AFP. Por esta razón, actualmente su único sustento proviene de un subsidio de seis mil pesos mensuales que le otorga el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

Margarita, viuda y con 82 años, reside en la Manzana B, edificio 6, apartamento 2, en el barrio Ámbar de Los Mina. Comparte vivienda con su otro hijo, Daniel Gutiérrez, de 53 años, quien padece esquizofrenia y alcoholismo. A este desolador panorama se suma que una vecina de su modesto edificio la amedrenta constantemente con amenazas verbales e incluso –según el relato de doña Margarita– la ha intimidado con un machete.

“Fui al Conape hace tres años, presenté la querella, me escucharon con atención, y le dictaron una orden de alejamiento, pero a pesar de eso, ella no ha cesado de molestarme”, cuenta entre un sollozo desesperado e impotente, mientras afirma que su caso no ha tenido seguimiento y teme por su vida y la de su hijo. Su testimonio es uno de los 2,926 casos de maltrato a personas mayores registrados en el Conape. Margarita ha padecido diversos tipos de abusos: conflictos intrafamiliares, maltrato psicológico, económico, abandono, negligencia y la dura prueba de envejecer con un hijo que sufre una grave adicción y enfermedad mental.

La doctora Rosy Pereyra Ariza, quien ha investigado este fenómeno desde 1983, cuando regresó al país tras finalizar sus estudios de geriatría en Inglaterra, llegó a la conclusión de que el abuso puede ser un hecho puntual o, a menudo, volverse una conducta reiterativa, que atenta contra la estabilidad física o emocional de una persona mayor. Dicho abuso es perpetrado por alguien en quien supuestamente existía una relación de confianza. “Se encontró que los principales agresores eran los hijos y nietos. A partir de entonces, se inició un análisis riguroso, realizando 54 estudios en 29 países, tanto en asilos, como en los hogares o comunidades de los ancianos. En esa oportunidad, se detectó que el 15.7% de las personas encuestadas había sufrido alguna forma de abuso”.

Cuando se recibe una denuncia por abuso o maltrato, se procede a su registro en el módulo de denuncias del sistema integral del Conape y se enlaza con el expediente del adulto mayor. Esta es revisada y analizada por los expertos legales del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos.

De acuerdo con la naturaleza de la situación, se determina el tipo de procedimiento o protocolo a seguir para la intervención. En casos de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abuso físico, maltrato psicológico o abandono en residencias u hospitales, se crea una unidad multidisciplinaria –en colaboración con los departamentos de salud y desarrollo social– que lleva a cabo una visita domiciliaria de campo al lugar donde reside la persona mayor o donde se ha identificado el abuso. Durante esta intervención, se evalúan aspectos de salud, psicológicos y sociofamiliares del adulto mayor, y se investiga a fondo la situación denunciada.

Posteriormente, se elabora un informe multidisciplinario y se establece la línea de acción o intervención necesaria para cada caso abordado.

El Conape cuenta con una fiscalía especializada contra el abuso y maltrato a adultos mayores, que está adscrita al departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de La República. Para enfrentar el maltrato a las personas mayores, existen varias vías para presentar una denuncia, incluyendo solicitudes canalizadas a través de fiscalías, centros de mediación familiar, casas comunitarias de justicia u otras instituciones, tanto públicas como privadas. También se reciben denuncias en la sede central del Conape, en los Hogares de Día distribuidos a lo largo del país, a través de los teléfonos (809) 688-4433 Ext: 8028/8130, y mediante el correo electrónico denuncias@conape.gob.do.

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