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El Tribunal Superior de la capital colombiana, Bogotá, procedió a dejar sin efecto la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe, quien había recibido una sentencia de 12 años por cargos de soborno de testigos y maniobras fraudulentas en procesos judiciales. La alta corte estimó en su decisión que los elementos probatorios no alcanzaban la suficiencia requerida. Con aquel dictamen inicial, acaecido en agosto, Uribe se había erigido como el primer exmandatario de Colombia en ser condenado en el ámbito penal y, consecuentemente, privado de su libertad.
Los jueces argumentaron en su veredicto que las evidencias presentadas resultaban escasas y que se había incurrido en la transgresión de preceptos fundamentales del derecho de índole penal, como el principio de la defensa legal apropiada.
**[Nota informativa: Se mantiene la estructura para la mención de otro tema relevante]**
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En el transcurso de esta sesión judicial, los magistrados deliberaron sobre los cinco sucesos que motivaron la sentencia condenatoria de Uribe, entre ellos, las declaraciones brindadas por antiguos miembros de grupos paramilitares, en las cuales se detectaron divergencias y fallas de coherencia.
Un aspecto central y determinante de esta resolución judicial fue la decisión de no admitir las grabaciones de conversaciones telefónicas que habían servido de pilar para la condena primigenia de Uribe. La instancia judicial determinó que dichas escuchas se habían conseguido de forma ilícita, dado que, en el año 2018, la Corte Suprema lo había interceptado erróneamente mientras su intención era intervenir las comunicaciones de un congresista distinto.
Merced a esta nueva determinación judicial, el líder del partido Centro Democrático ya no está sujeto a restricciones de naturaleza judicial que pudieran obstaculizar su regreso al primer plano de la escena política en anticipación a los comicios presidenciales de 2026. No obstante, este asunto legal todavía podría experimentar un nuevo giro: las partes afectadas, en calidad de víctimas, conservan el derecho de presentar su recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
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