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Una vez más, la noticia no sorprende, aunque ciertamente genera preocupación. El Ministerio de Interior y Policía se trasladará a la Núñez de Cáceres.
En una nación donde la inseguridad se intensifica día tras día, donde los asaltos y la violencia forman parte de la cotidianidad, el Ministerio de Interior y Policía anuncia la remodelación y reubicación de sus dependencias al edificio del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), con una inversión que supera los RD$652,520,110.73, de los cuales RD$13,050,402.21 están contemplados para el ejercicio fiscal 2025.
Este proyecto fue anunciado desde que asumió el cargo la actual ministra, siendo una de las primeras iniciativas planteadas, y que ahora se materializa bajo la retórica de la modernización institucional. Sin embargo, la pregunta surge de forma inevitable: ¿cómo el cambio de sede de unas oficinas contribuirá a disminuir la delincuencia o a reforzar la seguridad ciudadana?
En un momento en que los ciudadanos exigen protección a gritos, esta determinación resulta desconcertante y carente de sentido. Decenas de destacamentos policiales en todo el país padecen la falta de recursos esenciales, operan sin suministro eléctrico, sin equipos adecuados, sin vehículos de transporte ni condiciones mínimas de dignidad, mientras que los agentes que combaten el crimen en las calles lo hacen con herramientas mínimas y con una carga de frustración en constante aumento.
Mientras esto sucede, la denominada reforma policial permanece estancada y una enmienda a la ley de la policía nacional, importada del país del actual asesor, intenta ignorar el uso, las costumbres e incluso nuestra propia legislación. Durante un lustro se han anunciado planes, pero los resultados tangibles no aparecen. La inseguridad no se enfrenta con discursos, ni trasladando la sede administrativa. La seguridad pública exige planificación estratégica, tecnología avanzada, inteligencia operativa, liderazgo efectivo y prevención genuina en los territorios.
Mover escritorios no alterará la realidad que se vive en las calles. Lo que el país realmente necesita no son oficinas flamantes, sino estrategias claras, control total del territorio, una policía profesionalizada y políticas preventivas sostenidas en el tiempo. Modernizar la infraestructura física podría ser necesario, pero no cuando las prioridades son completamente distintas y los asaltos dominan la vida diaria.
El problema real no reside en la superficie. Se encuentra en la falta de enfoque, en el gasto excesivo e irreflexivo y en la desconexión palpable entre las decisiones políticas y la urgente necesidad de la ciudadanía.
La reubicación quizás ofrezca mayor comodidad para la ministra, pero no solucionará el fondo del problema. La máxima prioridad de un Estado responsable debería ser la tranquilidad de sus habitantes, no la comodidad de sus despachos. Cuando se invierte más en la apariencia que en los resultados efectivos, el maquillaje finalmente se desvanece… y la crudeza de la realidad vuelve a quedar al descubierto.
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