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El Ministerio de Medio Ambiente debe ser evaluado tras 26 años de su establecimiento, sostiene el ingeniero agrónomo José Manuel Mateo, miembro destacado de la Academia de Ciencias, durante el “Encuentro Verde” organizado por Listín Diario.
El ingeniero agrónomo José Manuel Mateo comparte con los lectores detalles sobre la labor que lleva a cabo la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, de la cual forma parte junto a otros dieciocho (18) profesionales formados en diversas ramas de la ciencia.
Mateo, quien ha ejercido como director de Biodiversidad y director de Áreas Protegidas en el Ministerio de Medio Ambiente, aborda también asuntos cruciales como la urgencia de concretar un pacto ambiental a nivel nacional, los desafíos en la preservación de los recursos naturales del país y explica su convicción de que la actuación del Ministerio de Medio Ambiente debe ser sometida a evaluación después de veintiséis años de su creación.
LD: ¿Cuál papel desempeña esta Comisión?
José Manuel Mateo: La Academia de Ciencias es una institución con vocación científica, de carácter no gubernamental, sin afiliaciones partidistas y sin fines de lucro, compuesta por académicos competentes dedicados a la ciencia y a la investigación.
Su misión principal es, por ende, impulsar y fomentar el progreso de la ciencia y la investigación, con el objetivo de promover un desarrollo social, económico y ambientalmente perdurable, que beneficie el bienestar de la nación, incentivando la participación de las comunidades.
Dentro de los objetivos estatutarios de la institución se encuentra el compromiso de velar por la protección, defensa y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y los ecosistemas.
Las Comisiones, once (11) en total, funcionan como los órganos operativos de la Academia.
La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente es una de ellas. De hecho, es la más activa y con mayor visibilidad pública, debido a su rol de máxima importancia en las tareas de vigilancia, protección, estudio, asesoramiento y acompañamiento a distintos actores públicos y privados, especialmente a nivel comunitario, en acciones dirigidas a la defensa del patrimonio natural y cultural del país.
La Comisión, siguiendo el mandato establecido en los estatutos institucionales, ha definido desde hace tiempo tres líneas de acción fundamentales en todo el territorio nacional:
1) Salvaguarda y protección de la biodiversidad y los ecosistemas que la sostienen.
2) Vigilancia y protección de un recurso vital como el agua, así como de todos los ecosistemas que contribuyen a su generación.
3) La defensa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), dado que este sistema custodia el patrimonio natural y cultural de la nación, además de proporcionar una gama de servicios ambientales que impulsan el desarrollo nacional y el bienestar ciudadano.
Por consiguiente, el rol de la Comisión se puede resumir bajo los siguientes criterios:
A) Ofrecer consultoría a entidades del Estado dominicano, como el Poder Ejecutivo y el Congreso, además del Ministerio de Medio Ambiente y otras dependencias que requieran su experticia.
B) Brindar soporte a diversos actores de la sociedad civil que están involucrados en la búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales. Esto incluye particularmente a organizaciones comunitarias y de base que necesitan respaldo técnico para apoyar o defender una postura ambiental determinada.
C) Participar en instancias gubernamentales como observadores (‘veedores’), asesores y apoyo científico para validar o rechazar decisiones significativas o de carácter preventivo.
D) Producir publicaciones de investigación, artículos y reportajes técnicos para revistas, incluyendo “Verdor”, el medio de difusión oficial de la Comisión.
E) Diseminar trabajos científicos, emitir dictámenes técnicos y preparar informes especializados a solicitud o por iniciativa propia.
F) Alertar a través de los medios de comunicación sobre situaciones ambientales concretas, con el fin de que las instituciones competentes apliquen las medidas correctivas oportunas, en cumplimiento con la ley y los criterios técnicos.
G) Organizar seminarios, conversatorios, talleres, simposios y otras actividades para divulgar y socializar temáticas ambientales, entre otras tareas.
En este marco, destacamos solo algunas de las acciones recientes llevadas a cabo por la Comisión:
1) Elaboración, como forma de colaboración y apoyo técnico al Ministerio de Medio Ambiente, de los planes de manejo para las áreas protegidas: Monumento Natural Laguna Mallén, Monumento Natural Dunas de Las Calderas y el Refugio de Vida Silvestre Boca de Nigua.
2) Preparación de un informe técnico sobre la conveniencia e implicaciones ambientales de construir una carretera en la Cordillera Central, solicitado por la Comisión de Ciencias Naturales del Senado.
3) Preparación de un informe técnico donde se describe la problemática y las posibles soluciones ante la sequía y la escasez de agua en el Refugio de Vida Silvestre Laguna Cabral o Rincón, también a requerimiento de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República.
4) Participación activa, durante todo el proceso histórico y el más reciente, para eliminar la amenaza y presión que conlleva la extracción de materiales de construcción (agregados) en la Reserva Antropológica Cueva de Borbón o Pomier.
5) Elaboración de numerosos informes y acompañamiento a la Procuraduría de Medio Ambiente para combatir delitos ambientales en todo el territorio nacional.
6) Diversas publicaciones en la revista “Verdor”, de índole científico-técnica, que sirven como material de referencia para una gran cantidad de profesionales, consultores, instituciones y técnicos.
Todo esto ha generado un sobresaliente reconocimiento social, primero para la Academia como entidad y, consecuentemente, para la Comisión como órgano interno. Prácticamente no hay rincón del país donde no haya llegado el respaldo científico de la Comisión para la resolución de alguna problemática ambiental, siempre priorizando el interés colectivo de la sociedad dominicana.
Recordamos, además, la trascendencia de la Academia y su Comisión en casos anteriores, como el de la Cementera en Los Haitises y el proceso para designar a Loma Miranda como área protegida.
LD: La Comisión ha señalado la necesidad de establecer un pacto ambiental para frenar la pérdida de biodiversidad. ¿Cuáles serían los elementos centrales que debería incluir tal acuerdo?
José Manuel Mateo: La respuesta exige primero contextualizar la razón de ser de dicho pacto. En cualquier análisis que se haga sobre la situación ambiental del país —ya sea en estudios formales, documentos especializados, opiniones de expertos en entrevistas, reportajes periodísticos o comentarios en distintos foros—, los puntos coincidentes que emergen constantemente son, entre otros, los siguientes:
1) La acelerada pérdida de biodiversidad.
2) Una baja efectividad en la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Existen fuertes amenazas y presiones que socavan y merman su integridad ecológica, lo que a su vez reduce los servicios ambientales que deberían ofrecer a la sociedad.
3) La ausencia de un plan operativo eficaz y sostenible para la explotación de materiales de construcción (agregados).
4) La degradación constante y sistemática de los espacios productores de agua. Un ejemplo claro es la Cordillera Central, “Madre de las Aguas”, donde las presiones destructivas incluyen proyectos mineros, una actividad agrícola sin control, y propuestas de organismos estatales (como la construcción de una carretera) que contravienen flagrantemente las leyes, resultando en la devastación de importantes fuentes hídricas.
5) El Ministerio de Medio Ambiente fue concebido para unificar en una sola entidad todas las instituciones dispersas del sector, con la finalidad de optimizar la política pública, potenciar los recursos económicos y humanos, y gestionar eficientemente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entre otros propósitos. La pregunta es: después de 26 años de su establecimiento, ¿se han logrado esos y otros objetivos? ¿Ha cumplido la institución con su rol y mandato legal? ¿Cuál ha sido su verdadero impacto en la gestión de los recursos naturales? ¿Se administra mejor el Sinap en la actualidad? Todo lo anterior sugiere que el desempeño del ministerio requiere una evaluación urgente, a fin de ajustar roles, corregir deficiencias y mejorar los resultados que debe entregar a la sociedad.
6) La realidad es que, con cada nuevo ciclo de gobierno, el ministerio parece reiniciar desde cero; falta continuidad en las políticas, y la planificación a corto, mediano y largo plazo brilla por su ausencia. Esto dificulta la consecución de metas concretas y, por ende, la obtención de cambios significativos con indicadores positivos.
7) El presupuesto asignado a la institución no se ejecuta según lo planeado. Aunque cada área temática elabora su presupuesto para manejar sus asuntos esenciales, la ejecución final se subordina a las prioridades que dictan las autoridades de turno. Esto genera desmotivación entre técnicos, departamentos y direcciones, ya que, año tras año, sus solicitudes de presupuesto, basadas en prioridades legítimas, son rechazadas con justificaciones sin fundamento, dejando los problemas sin atender y agravando la gestión de los recursos naturales. Este problema impacta especialmente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En resumen, esta acumulación de circunstancias nos mantiene en un atolladero, un círculo vicioso del que no logramos salir. Por el contrario, nos encontramos en un estado de retroceso constante.
Ante este panorama, resulta evidente que se necesita replantear la gestión de los recursos naturales del país. Este es el momento idóneo para formalizar un pacto ambiental que involucre el compromiso de todos los actores —públicos, privados y comunitarios— en torno a una agenda mínima de 10 o 12 puntos neurálgicos (o más), que deberán ser implementados en un plazo definido, sin importar quién esté al frente del gobierno o de la institución. Así, todos podremos trabajar en la misma dirección.
Este debate debe incluir una discusión seria sobre si el Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe continuar bajo la tutela del ministerio o si, por el contrario, debe…
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