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WASHINGTON — Las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron su noveno ataque contra una lancha presuntamente cargada de narcóticos, resultando en la muerte de tres personas a bordo mientras navegaba en aguas del océano Pacífico, según anunció el miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
El asalto del miércoles se suma a otro que tuvo lugar la noche del martes, también en el Pacífico oriental, en el que perecieron dos individuos, indicó Hegseth.
Estos incidentes de martes y miércoles difieren de los siete ataques precedentes, ya que aquellos se habían concentrado en el Caribe. El número de víctimas mortales por los ataques estadounidenses contra este tipo de embarcaciones asciende a 37 desde que se inició la ofensiva antidrogas en la región el mes pasado.
Los más recientes ataques marcan una expansión del área de operaciones militares de Estados Unidos hacia las aguas cercanas a Sudamérica, una zona crucial para el tráfico de una gran porción de la cocaína producida por los mayores fabricantes mundiales. En su comunicado, Hegseth trazó un paralelismo entre la denominada guerra contra el terrorismo, declarada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la ofensiva emprendida por la administración de Donald Trump.
“Al igual que Al Qaeda declaró la guerra a nuestra nación, estos cárteles están combatiendo en nuestra frontera y contra nuestra población”, afirmó Hegseth.
Horas más tarde el mismo miércoles, se refirió a los supuestos narcotraficantes como “el ‘Al Qaeda’ de nuestro hemisferio”.
Trump ha defendido que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, y ha calificado a estas organizaciones criminales como combatientes ilegales, invocando la misma autoridad legal empleada por el gobierno del presidente George W. Bush para llevar a cabo la guerra contra el terrorismo.
Al ser consultado sobre el ataque del martes, Trump reiteró que “poseemos autoridad legal. Se nos permite realizar eso”, y sugirió que, a largo plazo, podrían efectuarse acciones similares en territorio terrestre.
“Los golpearemos con mucha dureza cuando intenten entrar por tierra”, declaró Trump a la prensa en la Oficina Oval. “Estamos totalmente preparados para hacerlo. Y probablemente consultaremos al Congreso para explicar en detalle lo que estamos haciendo cuando actuemos en tierra”.
Miembros del Congreso, de ambos partidos, han manifestado preocupación ante la posibilidad de que Trump ordene operaciones militares sin la debida autorización del Congreso y sin ofrecer suficientes detalles.
Junto a Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió las acciones. “Si la gente quiere dejar de ver explotar lanchas con drogas, que dejen de enviar estupefacientes a Estados Unidos”, comentó.
Trump afirmó que las operaciones que está ordenando tienen como objetivo salvar vidas estadounidenses, y que “la única forma de no sentirse mal por ello… es darse cuenta de que cada vez que ves que esto sucede, estás salvando 25.000 vidas”.
El primer video divulgado por Hegseth el miércoles muestra una pequeña embarcación, parcialmente llena de paquetes de color marrón, moviéndose sobre el agua. Segundos después, la lancha estalla y queda a la deriva en llamas.
El segundo video exhibe otra embarcación que navega velozmente antes de ser alcanzada por una explosión. Imágenes subsiguientes muestran paquetes flotando en el mar.
Las fuerzas armadas estadounidenses han desplegado un contingente inusualmente grande en el mar Caribe y en aguas cercanas a la costa de Venezuela desde mediados de año, generando especulaciones sobre la posibilidad de que Trump busque derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.
En sus comunicaciones sobre los ataques, Trump ha insistido en que las drogas ilegales y el fentanilo transportado por estas embarcaciones están envenenando a la ciudadanía estadounidense.
Aunque la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos se deben al fentanilo, esta sustancia es introducida por vía terrestre desde México. Venezuela es una significativa zona de tránsito de drogas, pero la principal ruta para el contrabando de cocaína no es el Caribe, sino el Pacífico oriental.
Colombia y Perú, ambos con costas en el Pacífico oriental, son los mayores productores de cocaína del mundo. Entre ellos se encuentra Ecuador, cuyos puertos de primer nivel y la abundancia de contenedores marítimos cargados de plátanos se han convertido en la vía ideal para que los narcotraficantes muevan su producto.
El gobierno estadounidense no ha intentado llevar a juicio a los tripulantes de las embarcaciones atacadas, luego de haber devuelto a dos sobrevivientes de un ataque anterior a sus países de origen: Ecuador y Colombia.
Posteriormente, las autoridades ecuatorianas liberaron al hombre repatriado, alegando falta de pruebas de que hubiera cometido algún delito en Ecuador.
**El Congreso plantea interrogantes mientras persisten los ataques**
Ciertos legisladores republicanos han solicitado a la Casa Blanca mayor claridad sobre la justificación legal y detalles específicos de la ejecución de los ataques, mientras que los demócratas sostienen que estas acciones contravienen el derecho estadounidense e internacional.
El senador demócrata Richard Blumenthal, miembro de la Comisión de Servicios Armados del Senado, expresó su alarma e indignación por la escasa información proporcionada sobre los ataques.
“Ampliar el alcance geográfico simplemente incrementa la ilegalidad y la irresponsabilidad en el uso de las fuerzas armadas estadounidenses, aparentemente sin una justificación legal o práctica”, declaró Blumenthal.
Sugirió que la manera correcta de combatir el tráfico sería detener las embarcaciones e interrogar a los ocupantes para descubrir la fuente de las drogas, “no simplemente aniquilar a los contrabandistas, que probablemente se encuentren en el eslabón final de la cadena de contrabando”.
El Senado, dominado por los republicanos, votó recientemente en contra de una resolución de poderes de guerra respaldada por los demócratas, que habría exigido al presidente solicitar autorización del Congreso antes de ordenar más acciones militares.
El senador republicano John Kennedy informó haberse reunido con Rubio.
“Él ha analizado minuciosamente las implicaciones legales y opina que estamos en una base sólida al atacar a estos narcoterroristas”, manifestó Kennedy. “Confío plenamente en su buen juicio”.
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Los periodistas de The Associated Press Will Weissert y Kevin Freking en Washington y Regina García Cano en Caracas contribuyeron a este informe.
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