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Bruselas. — La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés) expresó su “disposición total” para colaborar con México en este grave asunto, enfatizando la crucial necesidad de hallar a las miles de personas cuyo rastro se ha perdido y el derecho inalienable de las familias a conocer la verdad.
“La ICMP está preparada para apoyar a México, si las autoridades así lo solicitan, en la instauración de un proceso sostenible, eficiente y enfocado en las víctimas para la identificación de personas desaparecidas. El avance en esta materia exige determinación política, rigor científico y una firme adhesión a los derechos de las familias que han esperado demasiado por la verdad y la justicia”, declaró la organización.
El organismo, cuya sede se encuentra en La Haya, comunicó por escrito a EL UNIVERSAL que cuando la cifra de desaparecidos rebasa la capacidad de respuesta de un Estado, el punto de partida esencial debe ser el establecimiento de un proceso coordinado y con base científica, que adopte las mejores prácticas a nivel global.
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“Esto implica la recolección de muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos, la obtención de muestras de ADN de restos humanos sin identificar y de personas vivas [por ejemplo, niños], la ejecución de recuperaciones y análisis forenses especializados, y la utilización de un sistema centralizado para el almacenamiento, análisis y el intercambio seguro de la información.
“Un enfoque estructural de esta naturaleza puede asegurar que las tareas de localización de los desaparecidos sean eficaces, transparentes y pongan el foco en los derechos de las familias afectadas”.
Uno de los ejemplos de éxito más notables es el de los Balcanes Occidentales, que atestiguó atrocidades no vistas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, producto de la desintegración violenta de lo que fue Yugoslavia.
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Debido al conflicto étnico que enfrentó a serbios, croatas y bosnio-musulmanes, entre 1991 y 1995, unas 40 mil personas se desvanecieron.
Salvo Serbia, que tuvo que aguardar hasta el derrocamiento de Slobodan Milosevic en el año 2000, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia comenzaron a superar esta etapa a partir de 1997, contando con la asistencia de la ICMP.
Iniciaron con la consolidación de instituciones especializadas y el desarrollo de capacidades técnicas. Gracias a un compromiso constante, hoy se ha logrado la identificación de más del 70% de los desaparecidos, incluyendo 7 mil de los 8 mil hombres musulmanes secuestrados por fuerzas serbias durante el genocidio de Srebrenica.
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Con una plantilla de 140 profesionales dirigidos por Kathryne Bomberger, la ICMP asegura que el logro alcanzado en la antigua Yugoslavia es resultado, entre otros factores, de un proceso cimentado en el análisis de ADN.
“Los laboratorios de la ICMP ejecutaron un análisis de ADN a gran escala y una comparación de parentesco, mientras que expertos forenses recuperaron restos de fosas comunes. Todos los datos fueron manejados a través de un sistema centralizado que posibilitó la comparación precisa y segura de los perfiles de ADN. Esta metodología científica, combinada con la colaboración entre los gobiernos y la participación de las familias, fue clave para alcanzar una tasa de identificación tan elevada”.
Otro caso esperanzador es Irak, donde diversas organizaciones calculan que la cifra de desaparecidos se sitúa entre 250 mil y más de un millón, como resultado de violaciones a los derechos humanos desde los años 80, incluyendo crímenes durante el régimen de Saddam Hussein, los levantamientos de poblaciones chiitas y kurdas de 1991, y el califato impuesto por el Estado Islámico, que finalizó en 2017.
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El proceso en Irak, monitoreado por expertos de la ICMP, se ha distinguido por la aplicación de metodologías eficaces para la extracción, secuenciación y amplificación de ADN, poniendo especial énfasis en las pruebas de alto rendimiento, una herramienta indispensable para certificar identidades.
Asimismo, se ha puesto el foco en la capacitación técnica para la gestión adecuada de fosas comunes; más de 250 han sido descubiertas desde 2003, a la vez que se ha fortalecido una red nacional de familiares de desaparecidos, donde se comparten tanto experiencias como datos relevantes.
En Siria, país donde desaparecieron unas 170 mil personas durante el régimen de Háfez al-Assad (1971-2000) y otras 130 mil a raíz del conflicto que estalló en marzo de 2011, el camino hacia la justicia se inició con el derrocamiento del presidente Bashar Al-Assad en 2024.
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La ICMP sostiene que para que la estrategia de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas logre resultados duraderos, Siria debe implementar una base de datos segura, centralizada e imparcial, con capacidad para almacenar y procesar información proveniente de múltiples fuentes, incluyendo familiares, fosas comunes y testigos.
Con la perspectiva de un futuro pacífico, Ucrania ha implementado ya un Sistema Integrado de Gestión de Datos, en el cual almacena información de familiares, pruebas de ADN y restos recobrados en zonas de conflicto.
Para la entidad internacional, el mecanismo puesto en marcha por Kiev está permitiendo que las identificaciones sean científicamente irrefutables y legalmente válidas.
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Fundada por iniciativa del entonces presidente estadounidense Bill Clinton en 1996, la ICMP opera gracias al financiamiento de Ministerios de Exteriores de varios países, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido.
A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado métodos de solución que se han aplicado alrededor del mundo. Entre sus avances técnicos, sobresale su sistema de identificación por ADN, un referente en innovación técnica y de identificación humana.
La organización intergubernamental ha sido convocada a colaborar en 40 países, incluido México, donde las estimaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de julio de 2023 señalan más de 110 mil desapariciones.
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Entre 2019 y 2022, en alianza con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la ICMP impulsó un proyecto en cooperación con la fiscalía general de Nuevo León para optimizar sus capacidades de identificación de ADN.
Y durante 2021 y 2022, trabajó con la Fiscalía General de la República en el diseño de dos metodologías de extracción de ADN para restos óseos, buscando obtener más perfiles genéticos a partir de muestras óseas de pequeño tamaño.
“En un escenario como el de México, donde se han recuperado miles de restos de inhumaciones clandestinas, es fundamental implementar un proceso de identificación coordinado, multidisciplinario y basado en el ADN. Esto implica la recuperación de restos mediante métodos profesionales de arqueología y antropología forense, la obtención de muestras de ADN de las familias y la gestión de toda la información en un sistema centralizado que permita una comparación rigurosa no solo entre los estados de México, sino también con otros países, dada la creciente cifra de migrantes desaparecidos”.
Se destaca que el proceso podría complementarse con el respaldo de la comunidad internacional. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, si determina que es un fenómeno generalizado o sistemático en México, remitirá el caso a la Asamblea General de la ONU para la implementación de medidas.
“México afronta un desafío mayúsculo, y el soporte de la comunidad internacional puede ser determinante para encararlo con efectividad”, subraya la ICMP.
Señala que un paso inicial sería establecer un sistema de datos seguro, centralizado e integrado que posibilite la comparación de información sobre personas desaparecidas entre todas las entidades federativas.
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“México también se beneficiaría de asistencia técnica directa, formación especializada y el fortalecimiento de capacidades para la recuperación y el análisis de restos humanos, particularmente en casos de restos hallados en fosas y sitios clandestinos, donde la vinculación de los cuerpos es crucial para reducir tiempos y costes”.
Esta acción – en conjunción con la formación de arqueólogos, antropólogos y genetistas – ayudaría significativamente a paliar el retraso que padecen muchas entidades federativas.
“El apoyo y la financiación internacional también pueden contribuir a robustecer las instituciones nacionales y garantizar que las familias sean incluidas de manera relevante en el proceso de localización de sus seres queridos”, concluye la ICMP.
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