Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Recientemente, en el Observatorio de Seguridad, Defensa y Geopolítica RD –uno de los principales centros de pensamiento temático del país–, tuvo lugar un debate sobre si en la República Dominicana se genera inteligencia como tal, cuál es el papel de las distintas agencias en esta área y si los departamentos de inteligencia deben actuar identificados en los operativos. Esta entrega busca clarificar conceptos esenciales para robustecer el conocimiento ciudadano, ya que frecuentemente se confunde el trabajo de inteligencia con la investigación de sucesos o con la imagen del espía al estilo James Bond. No es así.
La inteligencia no investiga, sino que analiza, anticipa escenarios, minimiza la incertidumbre y facilita la toma de decisiones fundamentadas. Es, en esencia, una actividad inherente al Estado, que en el caso dominicano se ejerce a través del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), compuesto por organismos que recaban, procesan y analizan información para la seguridad, defensa y gobernabilidad de la nación. Su objetivo es producir insumos valiosos para políticas públicas, planes operacionales y decisiones estratégicas dirigidas a la protección de los intereses nacionales, la estabilidad del Estado y la convivencia social.
El SNI se estructura en subsistemas especializados que responden a diversos tipos de riesgos. El subsistema estratégico está encabezado por el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), órgano rector que produce inteligencia de alto nivel para la planificación estatal, la evaluación de riesgos geopolíticos, económicos y diplomáticos, y la coordinación internacional; además, lo conforman los departamentos de inteligencia de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. Aunque legalmente el DNI, que lidera este subsistema, ha estado ligado a las Fuerzas Armadas, ha asumido un rol crucial en la articulación de la Comunidad Nacional de Inteligencia. Su marco legal, sin embargo, requiere ser actualizado, pues data de un contexto político superado desde 1978.
El subsistema militar, regulado por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13), es coordinado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa (J2), que articula los departamentos de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y demás cuerpos adscritos. Este subsistema se centra en la defensa nacional, la vigilancia estratégica, el monitoreo de capacidades foráneas y el soporte a operaciones castrenses.
El subsistema criminal o delictivo está articulado por el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), la Dirección General de Aduanas y unidades especializadas de la Policía Nacional. Su cometido es generar inteligencia útil para investigaciones, operativos y acciones de prevención, especialmente en crímenes transnacionales, narcotráfico y desórdenes sociales.
La conexión entre estos subsistemas se da en un ámbito de coordinación interinstitucional donde las agencias comparten información, evalúan amenazas y ejecutan operativos conjuntos. En el ámbito de la seguridad nacional, se enseña que inteligencia no es solo recopilar datos, sino transformarlos en elementos útiles para la solución de problemas específicos. Por ejemplo, la DINTEL recopila información para generar inteligencia que permita combatir la delincuencia y asegurar la paz social. Cuestionar su función dentro del sistema es ignorar su origen y su relevancia estratégica.
Para el ejercicio funcional de todas las agencias, el desarrollo de inteligencia operativa resulta indispensable. No basta con producir análisis estratégicos; se necesita la capacidad de ejecutar acciones concretas, rápidas y coordinadas en el terreno. La inteligencia operativa enlaza lo estratégico con lo táctico, traduce la planificación en acción y posibilita respuestas efectivas ante amenazas inminentes. Su desarrollo exige formación especializada, interoperabilidad entre agencias, protocolos claros y una cultura de análisis constante, siempre gobernada por principios éticos y una actuación legítima.
Por ello, no debe extrañar ver a miembros de agencias como la DNCD, DINTEL, J-2, M-2 o el Departamento de Inteligencia Migratoria participando directamente en acciones operativas. Esta práctica no es exclusiva de la República Dominicana, sino que obedece a una lógica común en los sistemas de inteligencia modernos. En países desarrollados, las agencias también desarrollan capacidades operativas para llevar a cabo misiones tácticas, encubiertas o de respuesta inmediata. La CIA en Estados Unidos posee un Directorio de Operaciones especializado en acciones encubiertas; el Mossad en Israel es reconocido por sus operaciones de campo de alto riesgo; el MI6 en Reino Unido ejecuta inteligencia humana a nivel internacional; y el FSB en Rusia combina el análisis estratégico con el despliegue operativo interno. Estas unidades no se limitan a obtener datos, sino que convierten el análisis en acción, anticipan riesgos, desmantelan redes criminales, protegen infraestructuras vitales y ejecutan operaciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.
La República Dominicana necesita consolidar su sistema de inteligencia como una estructura operativa, democrática y ética. Esto implica avanzar hacia una Ley Orgánica del Sistema Nacional de Inteligencia, tal como dispone el artículo 261 de la Constitución; fortalecer los subsistemas existentes; desarrollar inteligencia operativa en todas las agencias y vincular la inteligencia con la defensa de los derechos humanos. Pero, sobre todo, impulsar la educación y la cultura en estos temas, al igual que desde las Fuerzas Armadas se ha promovido la capacitación en derechos humanos, geopolítica, seguridad y defensa. Solo así la inteligencia dejará de ser una práctica fragmentada, reactiva y mitificada, para convertirse en una herramienta estratégica al servicio del bienestar común.
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