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Washington D.C. – La seccional 1 en Chicago del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) dio su respaldo a una resolución que exige al Congreso de Estados Unidos una fecha de conclusión para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la cual durante nueve años ha manejado las finanzas públicas de Puerto Rico.
Entre otros puntos, el sindicato insta al Congreso a “garantizar una transición hacia la total autonomía fiscal y la gobernanza democrática local en Puerto Rico”, y a “fomentar la realización económica propia y esfuerzos de recuperación equitativos, que sean impulsados por la propia comunidad y respondan a la ciudadanía puertorriqueña en la isla”.
Esta medida adopta el contenido de la resolución previamente aprobada en el Concejo Municipal de Chicago. Una pieza con un tenor similar ya había sido ratificada también por el Concejo Municipal de San Luis.
El documento añade que “más de 600,000 puertorriqueños han migrado hacia los Estados Unidos continentales desde que se estableció la Junta, un masivo éxodo provocado por el encarecimiento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y la escasez de oportunidades económicas en el territorio”.
Considera, asimismo, “que la reconstrucción tras desastres naturales, incluyendo los huracanes María y Fiona, una serie de sismos y la pandemia de COVID-19, se ha visto ralentizada por los obstáculos en los desembolsos de fondos federales y los engorrosos procesos de aprobación controlados por la Junta”.
En este sentido, argumenta que “la permanencia indefinida de la Junta menoscaba la soberanía fiscal de Puerto Rico, prolonga la dependencia y socava la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales”.
La JSF, establecida bajo la ley Promesa, ejerce control sobre las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico y lo representa en el proceso de reestructuración de la deuda, según lo permite dicho estatuto. Promesa fue promulgada el 30 de junio de 2016. Dos meses después, el entonces presidente Barack Obama nombró a sus primeros miembros.
La resolución subraya que, “casi una década después, la Junta sigue ejerciendo amplia autoridad sobre la política fiscal de la isla, lo que suscita serias inquietudes sobre el debilitamiento de la gobernanza democrática local y la libre determinación de los puertorriqueños”.
Además, señala que, “aunque Puerto Rico ha logrado avances en la reestructuración de su deuda”, la subsistencia de la JSF sin un plazo definido para el fin de sus funciones “constituye una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía financiera y la rendición de cuentas democrática”.
Conforme a la ley Promesa, para finalizar sus operaciones, la JSF debe certificar cuatro presupuestos balanceados consecutivos —preparados “conforme a los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin que los gastos excedan los ingresos— y que el gobierno de la isla posea acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, con tasas de interés razonables.
A pesar de que el presidente Donald Trump destituyó a seis de sus siete integrantes, tres de los removidos —Andrew Biggs, Arthur Gonzalez y Betty Rosa— lograron revertir judicialmente esa decisión.
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