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La nueva redacción incluye más de sesenta preceptos alterados, fundamentalmente enfocados en retoques de forma, como la separación de segmentos, la reenumeración de apartados y el reemplazo de vocablos o expresiones, según detalló el senador Antonio Taveras Guzmán, titular de la comisión especial encargada de estudiar esta medida.
Taveras indicó que estas variaciones atienden al requerimiento de actualizar el sistema de justicia penal para asegurar mayor rapidez, claridad y eficacia en los procedimientos judiciales, además de robustecer la salvaguarda de las garantías fundamentales y el justo proceso.
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La propuesta también persigue unificar criterios con el nuevo Código Penal, actualmente en debate en el ámbito legislativo, con el objetivo de garantizar consistencia normativa dentro del marco legal dominicano.
Este documento legislativo, compuesto por 470 artículos, es fruto de un amplio acuerdo entre las diversas partes involucradas en el sistema de justicia, abarcando la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El informe de la comisión especifica que el contenido omitido o no modificado se mantiene idéntico al aprobado en la primera vez, honrando de esta forma los pactos logrados durante la etapa inicial del trámite legislativo.
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