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La Fiscalía comunicó el lunes que, a pocas semanas de finalizar el juicio, la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre intenta separar su caso del proceso principal que involucra a los acusados del esquema de malversación administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
La sesión de este lunes, donde se esperaba culminar con la presentación de evidencias por parte de los abogados de los imputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue pospuesta de nuevo debido a un supuesto problema de salud de Cáceres Silvestre, que generó una baja médica por 45 días.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que el Ministerio Público requirió la conformación de un equipo médico a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para validar la duración del reposo notificado, dado que no se adjuntó historial clínico ni se especificó la intervención que motivó un descanso tan prolongado.
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Ante esta situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, formado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, fijó una nueva fecha para el 3 de noviembre, exigiendo a la defensa entregar la documentación médica pertinente a la Fiscalía.
Desde el pasado 29 de agosto, la Fiscalía concluyó la exhibición de más de 2,900 evidencias que sustentan la imputación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el fraude al Estado dominicano por una suma superior a los RD$4,500 millones.
Entre los elementos de prueba expuestos se encuentran 2,201 documentos, 141 análisis periciales, 282 testimonios de testigos y expertos, 184 pruebas procesales y 104 elementos materiales, tales como armas de fuego, relojes de alta gama, aparatos electrónicos, propiedades, vehículos y dinero en efectivo.
Asimismo, se identificaron 214 bienes inmuebles en diversas provincias, 86 automóviles de gran cilindrada y más de RD$28 millones y US$55 mil al contado, todos reclamados en favor del Estado. Los activos confiscados han generado ingresos por arriendos y producción agrícola que alcanzan más de RD$86 millones, también solicitados para ser devueltos al erario.
La Fiscalía sostiene que Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), orquestó una red compuesta por 30 personas físicas y 18 empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluidos recursos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
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