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Este domingo, el titular de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, divulgó un artículo en un periódico nacional destacado donde resaltaba los resultados positivos de la táctica del Poder Judicial frente a la dilación excesiva de los magistrados al dictar fallos. Este suceso, conocido como “rezago judicial”, ha sido, y continúa siendo, una dificultad seria del sistema legal dominicano. No obstante, la manera en que se ha combatido el rezago judicial ha agudizado otros inconvenientes que son igual de graves.
Un principio fundamental del derecho establece que la justicia tardía es justicia negada. La carencia de una resolución judicial que dirima los litigios provoca daños a la ciudadanía. Pero este dictamen debe estar adecuadamente fundamentado, y es aquí donde la estrategia para afrontar el rezago ha mermado la calidad de la impartición de justicia.
En los últimos años, la calidad de la argumentación de las sentencias ha caído drásticamente, provocando que quienes recurren a los tribunales desconozcan el motivo de su derrota o, en ocasiones, de su victoria. Esto deteriora la certeza jurídica que los tribunales deben proporcionar.
Si bien la correlación no implica causalidad, es evidente que esto ha coincidido con los muy aplaudidos índices de disminución del rezago judicial. Existen motivos sólidos para vincular ambos sucesos.
Los jueces dominicanos son escasos, se encuentran sobrecargados de tareas y carecen del soporte de recursos materiales y humanos necesarios para desempeñar su función. Las salas de audiencia son pequeñas, el espacio de oficinas es deficiente y las condiciones bajo las cuales trabaja el personal de apoyo y secretaría son cada vez más precarias.
Ante este panorama, los magistrados, presionados para emitir un mayor número de resoluciones, pero sin que mejoren sus propias condiciones laborales ni las del personal que los asiste, se ven forzados a optar entre calidad y cantidad. Lo más lamentable es que frecuentemente su retribución económica depende de esto, una situación manifiestamente injusta y contraproducente: son jueces y no vendedores a destajo por alguna razón. Da la impresión de que el supuesto es que el rezago judicial se debe a una falta de voluntad de trabajo de los jueces, lo cual es completamente falso.
Mejorar la justicia implica dignificar la labor de los jueces y su equipo de asistencia. Cualquier otra medida son paliativos temporales que no abordan la raíz del problema. Recordemos que las cifras reflejan una parte de la realidad, pero no la totalidad.
