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Se observa la necesidad de establecer un cuerpo normativo que oriente hacia mejoras en el ámbito de la vigilancia y la seguridad privada en la República Dominicana.
Este martes tuvo lugar la decimosexta Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, centrada en el tema “Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada”, organizada en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
Este evento sirvió de marco para considerar la urgencia de crear un esquema regulatorio que impulse oportunidades de progreso para el sector de la custodia y la defensa privada en el país.
“La nación carece de un reglamento concerniente a este sector, lo cual imposibilita la prestación de un servicio adecuadamente fiscalizado con personal debidamente formado”, expuso el subdirector de Operaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), coronel paracaidista José Alberto Hernández Rivera.
En este orden de ideas, Hernández Rivera recalcó que la operatividad no formalizada, la carencia de instrucción profesional y la falta de ajuste a la era digital son apenas algunos de los desafíos que enfrenta la seguridad privada dominicana.
“Resulta indispensable la adecuación a la tecnología digital, la ciberseguridad, la videovigilancia asistida por Inteligencia Artificial, sistemas de posicionamiento global, entre otras herramientas tecnológicas importantes”, detalló.
De igual forma, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (Adesinc), Víctor Garrido, enfatizó la importancia de desarrollar sistemas electrónicos más avanzados, pertinentes para las problemáticas de seguridad actuales.
Mencionó la exigencia de lectores biométricos y reconocimiento facial; métodos de control de acceso; cámaras y detectores de seguridad; comunicación instantánea con la Central de Monitoreo y las autoridades pertinentes; sistemas de geolocalización; programas informáticos para control y seguimiento de custodios; sistemas de alerta y la protección de datos, entre otros elementos.
En un tono similar, el diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, comentó que en el ámbito legislativo se han presentado diversas propuestas a lo largo de los años para instaurar una legislación que norme esta área de la seguridad, pero estas han sido “descartadas”.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada opera bajo la tutela del Ministerio de Defensa.
Fue establecida mediante el Decreto No. 216-04 del 11 de marzo de 2004, que aprueba su reglamento; no obstante, adolece de disposiciones normativas.
Entre sus responsabilidades se destaca la de examinar y tramitar las solicitudes de permiso de operación para los servicios de vigilancia y seguridad privada, remitiéndolas al poder ejecutivo.
Así como también supervisar las empresas habilitadas y el uso legal de armamento.
El encuentro congregó durante dos jornadas a magistrados, catedráticos, juristas y peritos en tecnología de Europa, Estados Unidos y América Latina, con el objetivo de examinar los compromisos éticos, regulatorios y prácticos derivados de la integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas judiciales y su repercusión en la función de juzgar.
Al inicio del evento estuvieron presentes la doctora Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora del Reino de España; el doctor Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República; el doctor Mariano Germán Mejía, exjuez presidente de la Suprema Corte de Justicia; la doctora Rosario García Mahamud, directora del CEPC; la doctora Josefina Pimentel, rectora del IGLOBAL; Servio Tulio Castaños, vicepresidente de FINJUS; el doctor Jottin Cury, el magistrado Hermógenes Acosta y Juan Francisco Puello Herrera, miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, entre otras figuras del foro judicial.
El discurso inaugural fue pronunciado por el licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, quien aseguró que este congreso representa “una manifestación de voluntad, un compromiso con la modernización ética y con una visión conjunta del porvenir judicial”.
Se incluyeron debates sobre la ética dentro del poder judicial y la responsabilidad de los algoritmos, la aplicación de la IA en la gestión de expedientes, experiencias comparativas en la transformación digital y el balance entre el avance tecnológico y la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Entre los oradores foráneos se encontraban la doctora María Mercedes Serrano, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha; la magistrada Ana María Ramos Serrano, auxiliar de la Corte Constitucional y docente en la Universidad de los Andes; la doctora Rosario García Mahamud, directora del CEPC; el magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Guadix, y el magistrado Amaury Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
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