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La DGCIM, reputada por la ONU y varias entidades internacionales por incurrir en serias transgresiones a las garantías fundamentales, otra vez se halla en el foco de cuestionamientos.
Amnistía Internacional alertó que el gobierno de Nicolás Maduro acrecentó su ofensiva contra las agrupaciones ciudadanas y los activistas de derechos humanos, a raíz del retén temporal de Manuel Finol, ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela. Para Valentina Ballesta, subdirectora regional de la ONG, este suceso demuestra que la nación “ha alcanzado el límite máximo de la represión”.
Finol, creador y defensor social, fue retenido por varias horas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por personal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes alegaron una supuesta verificación de su pasaporte. El activista fue liberado posteriormente sin cargos ni explicación oficial, si bien Amnistía Internacional calificó el acto como una privación arbitraria de libertad.
“La afiliación de Manuel al movimiento pro derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como un peligro”, comentó Ballesta en conversación con Infobae. “Si bien su excarcelación fue veloz, persiste una reclusión inmerecida”.
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El incidente sucedió menos de un día después de que Amnistía Internacional solicitara mediante la plataforma X la libertad de cinco personas encarceladas por motivos políticos: Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, todos privados de libertad debido a su labor de defensa de los derechos humanos.
Ballesta advirtió que “el aparato gubernamental venezolano ya no se limita a hostigar a figuras políticas, sino que apunta directamente a corporaciones con trayectorias extensas en el país”. Según la directora regional, la detención de Finol “forma parte de un patrón de acoso constante” que incluye intimidaciones, normativas restrictivas y detenciones sin sustento legal.
La DGCIM, cuestionada por la ONU y múltiples organizaciones foráneas por ejecutor actos graves contra los derechos humanos, una vez más es objeto de censura. “En Venezuela se ha forjado un sistema coercitivo que busca sofocar toda muestra de disenso. Para el ejecutivo, defender derechos fundamentales se ha tornado en un desafío político”, enfatizó Ballesta.
La líder también señaló que el activismo se enfrenta a “un panorama sumamente precario”, donde las organizaciones no gubernamentales deben operar bajo protocolos de seguridad rigurosos y bajo supervisión permanente. A pesar de esto, afirmó que Amnistía Internacional mantendrá su presencia en la nación y continuará brindando apoyo a las víctimas.
Para Ballesta, el secuestro de Finol representa un punto de inflexión: “Se ha superado la última barrera. Ahora, cualquiera que defienda derechos ante un Estado caprichoso y voraz puede ser considerado un adversario”.
Amnistía Internacional renovó su exhorto a la comunidad internacional para que continúe presionando al gobierno de Maduro y salvaguarde a los promotores de derechos humanos en Venezuela. “Continuaremos documentando, denunciando y exigiendo justicia”, concluyó Ballesta, subrayando que el apoyo global sigue siendo el instrumento más eficaz ante el temor y la coerción.
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