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La Asociación Eólica de Galicia (EGA) declara “no comprender” el “lío judicial” y la “incoherencia constante de los tribunales gallegos respecto a los españoles y europeos, que llega al extremo”. Así se manifiesta tras la primera resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la aprobación del parque de A Ruña III, siendo este el primer fallo posterior al respaldo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al proceso de tramitación de la Xunta para renovables.
“La falta de certeza, inseguridad y temor legal nos inmovilizan en Galicia. Estamos experimentando una paralización judicial”, critica la patronal eólica gallega.
Estas objeciones se suman a las ya planteadas por el gremio eólico español, que la semana pasada se mostró “asombrada” ante la nueva decisión del TSXG que “supone un riesgo fundamental para la estabilidad jurídica”.
La Asociación Eólica de Galicia advierte que las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) afectan a más de 90 proyectos y a una capacidad de más de 2.500 megavatios.
No obstante, subraya que “tanto el Tribunal Supremo (TS) como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han indicado al tribunal gallego que los parques están tramitados correctamente por la Xunta de Galicia, entidad que otorga dichas autorizaciones, y que la evaluación ambiental es legal”. “Y a pesar de toda esta jurisprudencia, la sección tercera de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego revocó los permisos de construcción de un parque en Mazaricos (A Coruña)”, lamenta.
Además, se queja de que la última sentencia del TSXG sostiene que el parque A Ruña III debió haberse tramitado junto con la línea eléctrica, una red de evacuación que ya está operativa. “Es comparable a querer habilitar un nuevo acceso a la autopista AP 9, que cruza Galicia, y para ello se tuviera que pedir una declaración ambiental no solo para esa nueva entrada, sino también para toda la infraestructura que lleva años en servicio”, ejemplifica EGA.
“En dicha resolución judicial también se menciona, de manera totalmente vaga, la cercanía del parque a la Red Natura, cuando en realidad hay una distancia de 4,5 kilómetros. Si existiera la más mínima sospecha o indicio de un posible daño ecológico, la Xunta habría denegado su edificación. Pero no hay tal sospecha. El proyecto cumple con todos los requisitos legales. Sin embargo, los jueces de la sección lo invalidan basándose en un informe particular que ellos mismos califican de abstracto y general”, continúa en su argumentación.
Enfatiza que “Galicia no puede permitirse esta inercia destructiva, no puede soportar cinco años sin avances en energías renovables”. Estima que cada año se dejan de crear 2.750 puestos de trabajo y se impiden inversiones por encima de los 6.300 millones de euros.
**RATIFICA LA SUSPENSIÓN DE MONTE CONTADO**
Entretanto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado, mediante un nuevo auto, la paralización provisional del parque eólico Monte Contado, impulsado por Naturgy en los municipios de Lugo y Castroverde.
El pasado mes de junio, el TSXG ya había comunicado una resolución de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo que decretaba esta medida cautelar por “posibles perjuicios irreparables para el entorno natural que causarían las obras autorizadas en el expediente”. Además, señalaba que algunos de los aerogeneradores se ubicarían a menos de un kilómetro de zonas habitadas, así como la coincidencia de algunas de las instalaciones del parque con áreas de alta sensibilidad ecológica, según la clasificación de sensibilidad ambiental proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ahora, el TSXG ha emitido otro auto, respondiendo a una petición de Adega, en el que se ratifica esta suspensión provisional.
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