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NUEVA YORK.- Jueces federales de Massachusetts, Indira Talwani, y de Rhode Island, John J. McConnell, instruyeron al gobierno de Trump a mantener el financiamiento del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o vales de comida, utilizando fondos de contingencia mientras persista el cierre gubernamental, dado que la suspensión es “ilegal”.
El representante (D-13) Adriano Espaillat celebró el fallo, quien, junto a varios funcionarios electos en la Gran Manzana, exigieron al presidente Donald Trump y a los republicanos del Congreso tomar cartas en el asunto de inmediato, pues la situación impactaría a más de 40 millones de ciudadanos de bajos recursos a nivel nacional.
Antes de esta resolución, el congresista Espaillat había liderado una comparecencia de prensa instando al gobierno de Trump y a los republicanos congresuales a actuar sin demora para asegurar las prestaciones del SNAP frente a la inminente paralización de fondos que afectaría a incontables núcleos familiares en el país.
Denunció la inacción del ejecutivo federal y advirtió sobre las serias repercusiones que los recortes a los programas sociales tendrían en las colectividades más frágiles, y si el mandatario desoye la orden judicial.
“De no acatar esta determinación judicial la administración Trump, a partir de este sábado, 300,000 individuos en mi distrito, incluyendo miles de dominicanos, entre otras etnias, que dependen de los cupones de alimentos no recibirán sus ayudas de noviembre”, declaró Espaillat.
Idéntico escenario enfrentarán 23,000 madres y menores que dependen del programa WIC. El gobierno de Trump posee la potestad de movilizar más de 5 mil millones de dólares en recursos de emergencia para SNAP, pero se ha rehusado, perjudicando así a las familias obreras de Estados Unidos”, señaló el congresista demócrata.
También emitió críticas hacia las recientes propuestas republicanas que proyectan reducciones por 186 mil millones de dólares al programa SNAP y la implementación de nuevas exigencias laborales, medidas que —según estimaciones— podrían dejar sin amparo a más de 240,000 personas solo en NYC.
“Estas resoluciones no solo tocan a los hogares en apuros, sino también a los negocios locales que dependen considerablemente de los consumidores que utilizan los beneficios del SNAP”. “Estamos presenciando una emergencia de magnitudes nunca vistas”, enfatizó durante una rueda de prensa.
Estuvo acompañado por el presidente del borough de Manhattan, Mark Levine; el senador estatal Robert Jackson; la concejal Carmen De La Rosa, y el asambleísta estatal Manny De Los Santos, quienes manifestaron su respaldo a las poblaciones afectadas y a las entidades que combaten la indigencia en Nueva York.
Durante el acto, Espaillat colaboró con voluntarios embalando provisiones destinadas a familias con necesidad y reiteró su compromiso de seguir pugnando en el Congreso por la seguridad alimentaria de los núcleos familiares que trabajan y por reforzar las políticas públicas que aseguren el derecho fundamental a la alimentación en toda la nación estadounidense.Este texto fue difundido originalmente en El Día
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