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La queja fue elevada por el responsable de la Mesa de Conversación sobre el Autismo, el comunicador Fernando Quiroz, quien reiteró que, a pesar del tiempo transcurrido y de que su normativa reglamentaria fue aprobada, el aparato estatal dominicano todavía no ha asignado fondos, ni ha dado a conocer el inicio de los programas que la legislación exige.
Mencionó que desde la entrada en vigor de la ley por el mandatario Luis Abinader, el 5 de junio de 2023, hasta el 2 de noviembre de 2025, han transcurrido 2 años, 5 meses y 1 jornada, lo cual equivale a 125 semanas, 881 días, 21,144 horas, 1,268,640 minutos y 76,118,400 segundos de espera para aquellos núcleos familiares que aún ven incompleta la aplicación de la ley.
Recordó que el reglamento de la ley, el cual debió emitirse en un plazo de 120 días desde la promulgación, o sea, antes del 4 de octubre de 2023, se postergó hasta el 24 de julio de 2024, momento en el cual el presidente Abinader finalmente lo ratificó a través del decreto 403-24.
Quiroz, defensor del autismo y los derechos humanos, indicó que resulta pertinente realizar ese cómputo hasta en segundos, dado que la angustia de incontables familias en cada lapso es indescriptible, particularmente cuando carecen de los recursos para el manejo de la condición, y se ven obligados a mantener una vigilancia constante, incluso por la integridad física de sus descendientes.
“Más de 76 millones de segundos han pasado y ninguna entidad gubernamental ha mencionado el presupuesto. El presidente ha señalado que destinarían una asignación mínima para el 2026, pero no hay indicadores claros ni anuncios oficiales de planes concretos. Entre tanto, los núcleos familiares se quedan solos”, afirmó Quiroz, quien es progenitor de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, de 16 años, diagnosticado con TEA.
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Según detalló, la Ley 34-23 contempla la creación de servicios para detección temprana, inclusión educativa, soporte terapéutico, ayuda a las familias y capacitación laboral, pero ninguna de estas disposiciones ha sido puesta en marcha.
“El Estado ha quedado a deber en enseñanza, sanidad, tratamientos, vivienda y esparcimiento. No existen espacios recreativos ni adaptados para que los niños puedan practicar deportes, como piscinas; tampoco en artes o para canalizar su energía de forma segura”, añadió.
Recordó que desde el 2023 ha hecho público la urgencia de que el Gobierno disponga de los fondos económicos, y notifique los programas institucionales en educación, salud, terapia, ocio y formación de profesionales, con metas definidas, cronogramas y rendición de cuentas pública.
“Cada segundo se valora, pues representa una ocasión perdida para un infante que necesita asistencia, para los padres que requieren un respiro o para un centro educativo que debería estar preparado. El tiempo no es un número: es la medida del abandono”, subrayó Quiroz.
La Mesa de Conversación por el Autismo, con el respaldo del líder comunitario Leonel Sánchez, está desarrollando un sondeo sobre la situación de las familias con autismo, y los informes confirman que el escenario es más grave fuera de la capital, donde la escasez de centros especializados y transporte empeora la marginación.
Ya se tienen registros de casos en el Gran Santo Domingo, el sur, el norte y el este, con reportes de núcleos familiares en San Cristóbal, Baní, Hato Mayor y Neiba, que subsisten sin servicios esenciales.
En Yaguate, San Cristóbal, Yenniffer Pimentel cría a tres hijos, dos con autismo, sin apoyo oficial. “Necesitamos auxilio para los chequeos médicos y un hogar donde nuestros hijos estén resguardados cuando no estemos”, expresa.
En Neiba, Bahoruco, Narda Pérez, madre soltera, debe costear tratamientos privados debido a la carencia de centros en su provincia. “Con políticas públicas tangibles, no solo escritas, podríamos alcanzar una vida de equidad y justicia”, manifiesta.
Por su parte, Jennifer Reyes López, residente de Buenos Aires, Santo Domingo Oeste, relató que hace cinco años su hijo mayor recibió el diagnóstico de autismo. Indicó que su mayor obstáculo es financiar las terapias, ya que en los establecimientos estatales la atención se brinda cada seis meses y en los privados los costos son inaccesibles. “Solo aspiro a ayuda para sus tratamientos; es muy arduo criar un niño autista”, comentó.
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