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Según reportes de la Dirección Provincial de Salud Santiago I (DPSS I), los estudios realizados a una de las fuentes revelaron la existencia de gérmenes fecales como *escherichia coli*, una bacteria presente en el colon, y *pseudomonas*, un microbio que no responde a los antibióticos.
Acabo de enterarme, a través de un periódico de tirada nacional, de que el Ministerio de Salud Pública clausuró dos factorías de tratamiento de agua potable situadas en Santiago, tras detectar bacterias y “serias carencias” en las prácticas de salubridad durante su elaboración.
Este es un proceder que se repite con tanta asiduidad como solía ocurrir cada año con los panaderos y los fabricantes de telas; y me pregunto si acaso no hay una oficina de inspección en el Ministerio de Salud Pública que vigile constantemente a estas envasadoras antes de que su actuar perjudique a miles de ciudadanos.
¿No se supone que para eso abonamos impuestos, para contar con un sistema de vigilancia más riguroso para este y otros tipos de comercios?
La información suministrada por el periódico indica que entre los establecimientos involucrados se encontraban “Agua La Reyna” en la zona norte de la urbe, que fue clausurada temporalmente, y “Agua Divina”, localizada en Monterrico, Santiago Oeste, la cual fue cerrada permanentemente por no acatar las pautas de calidad e higiene establecidas en múltiples ocasiones.
Si uno recorre las diversas áreas de la capital y de otras poblaciones, encontrará numerosos centros de procesamiento de agua que operan sin ningún protocolo higiénico, muchos de ellos administrados por iglesias evangélicas.
De acuerdo con la Dirección Provincial de Salud Santiago I (DPSS I), los análisis de uno de estos sitios arrojaron la presencia de bacterias de origen fecal como *escherichia coli*, microorganismo que reside en el intestino grueso, y *pseudomonas*, un agente patógeno resistente a los medicamentos antibióticos.
Si no imponemos un control estricto a este tipo de negocios, seguiremos saturando las clínicas y hospitales con personas aquejadas de dolencias estomacales/intestinales.
Esta negligencia y tolerancia por parte de las entidades gubernamentales impacta negativamente a los sectores más vulnerables, dado que son ellos quienes deben adquirir estas aguas por los elevados precios de los envases grandes producidos por las corporaciones mayores.
Aquí, en la gran Santo Domingo, operan más de cien de estas plantas de tratamiento, las cuales continúan vendiendo el agua a granel desde camionetas adaptadas y operadas por individuos que efectúan la venta sin ningún tipo de protocolo sanitario, y peor aún, he presenciado cómo transportan el agua al aire libre, bajo el sol directo, en bolsas plásticas, sabiendo el riesgo que implica el polipropileno al degradarse por la radiación solar.
Ojalá que Salud Pública implemente y fortalezca las inspecciones y comience a clausurar estos focos de contagio, infección y riesgo vital que representan estas empresas.
Mi deseo es que el Instituto Dominicano de la Calidad -INDOCAL- (que parece ser un ente inactivo), el Defensor del Pueblo y Proconsumidor tomen conocimiento de esta denuncia y, junto con el Ministerio de Salud, logren fiscalizar o procesar a quienes de forma encubierta y a quienes operan a la vista de todos sin los permisos necesarios en este rubro comercial que pone en peligro la salud de la mayoría.
¿O tal vez es que las autoridades hacen la vista gorda a propósito?
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