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La normativa que instituyó el CNM estipula que “en caso de paridad, definirá el sufragio ponderado del Presidente”. Y así ocurrió en las situaciones de los magistrados Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Ferrer Landrón.
El sufragio calificado del mandatario Luis Abinader fue determinante para que los jueces Pilar Jiménez Ortiz y Moisés Ferrer Landrón no siguieran en la Suprema Corte de Justicia, tras el proceso de valoración de rendimiento efectuado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Conforme al acta CNM 010-25, los casos de ambos jueces resultaron con igual número de votos a favor y en contra por parte de los ocho integrantes del consejo (4-4); no obstante, el voto del jefe de Estado inclinó la balanza para que ninguno de los dos lograra conservar su puesto en la Alta Corte.
“Respecto a la votación de los ministros Pilar Jiménez Ortiz / Manuel Ferrer Landrón se obtuvo la pluralidad ponderada de votos desfavorables, en virtud del artículo 12 de la Ley 132-11, modificada por la Ley 1-12 del Consejo Nacional de la Magistratura”, señala el acta divulgada durante el pasado fin de semana, aun cuando el proceso se ejecutó a principios del mes precedente.
La ley que creó al CNM indica que “en caso de empate, dirimirá el voto cualificado del Presidente”.
Los argumentos esgrimidos por los cuatro consejeros que votaron en pro de Jiménez Ortiz fueron que, bajo su liderazgo, la Primera Sala de la SCJ consiguió evacuar un acervo de más de 11,000 expedientes, algunos pendientes desde 1992, estableciendo un rigor laboral que ha permitido que esa sala no presente al momento casos sin resolver por más de un año.
Asimismo, destacaron que durante su gestión se celebraron más de 7,000 audiencias y se emitieron más de 58 opiniones disidentes.
“Esto evidencia tanto su solvencia académica como su autonomía en el razonamiento legal. A estos logros se suma su nombramiento como Comisionada Iberoamericana de Ética Judicial, distinción que enaltece a la nación y posiciona a la República Dominicana como un referente regional en temas de ética judicial”, recoge el documento del CNM, donde los consejeros afines a Jiménez Ortiz expresaron que ella debe ser ratificada en su rol al considerar que “demuestra probidad, autonomía y orden en el desempeño de la función judicial, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional”.
En contraste, los cuatro consejeros opuestos, entre ellos el presidente Abinader, calificaron como “inoportuno” el criterio de postergar la aplicación de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, sin que el órgano legislativo hubiera previsto una situación de vacío normativo para ello.
“De igual modo, se valoró como un factor a considerar que en el transcurso de su entrevista se apreció falta de seguridad respecto al equilibrio calidad/cantidad, en lo referente a la emisión de fallos en la Sala que encabeza. Finalmente, se constató el hecho de que las instancias de suspensión de ejecución de sentencias en los procesos de casación, competencia exclusiva de la Mag. Jiménez Ortiz, no recibieron, en la mayoría de los casos, respuesta dentro del plazo estipulado por la ley, originando una dilación injustificada en dichas peticiones por la inobservancia de estos”, detalla el acta.
En el caso de Ferrer Landrón, los cuatro consejeros que lo respaldaron señalaron que el magistrado fue proponente en más de 450 proyectos de resoluciones en la Segunda Sala y ha participado activamente en la resolución de más de 2,000 expedientes en la Tercera Sala, “manifestando una destacada capacidad de trabajo y pericia técnica en diversas áreas del Derecho”.
Igualmente, resaltaron su representación del Poder Judicial en foros de alta trascendencia nacional e internacional, entre ellos la Conferencia de Tierras del Banco Mundial (2025, Washington, D.C.) y la Conferencia del Poder Judicial (2024, Santo Domingo), escenarios donde aportó su experiencia en gestión judicial y en el fortalecimiento institucional del sistema de justicia dominicano.
“Moisés Ferrer Landrón ha sostenido una trayectoria de rendimiento eficaz, fructífero y comprometido con las metas institucionales de la Suprema Corte de Justicia”, indica el documento.
Abinader y los otros tres consejeros manifestaron en sus argumentos que la actuación del juez “no cumplía” con los parámetros técnicos del artículo dos del reglamento 01-2025.
Esos elementos técnicos a evaluar incluyen la cantidad de propuestas de sentencias elaboradas y presentadas por mes y año; el número de propuestas de fallos aprobadas y denegadas por su respectiva sala; el tiempo medio entre la asignación de asuntos y la presentación de proyectos de sentencias; expedientes asignados por sus respectivas salas y no sometidos al pleno de estas para su decisión; las recusaciones planteadas y aceptadas en su contra y el número de inhibiciones; los aportes legales y votos particulares justificados y la participación en programas de formación continua de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Además de Jiménez Ortiz y Ferrer Landrón, el otro juez evaluado fue Manuel Read Ortiz, quien tampoco vio confirmada su posición; en su caso, la votación fue de seis votos adversos y tan solo dos favorables.
Según lo recogido en el acta, la mayoría de los consejeros indicaron que la edad de Read Ortiz, 72 años, no le permitiría cumplir más allá de un 30% del tiempo restante en su puesto, ya que la edad de jubilación obligatoria para los ministros de la Suprema es de 75 años.
La no ratificación en sus cargos de esos tres magistrados, sumándose a las plazas vacantes dejadas por Napoleón Estévez (actual titular del Tribunal Constitucional) y Blas Fernández, quien renunció a continuar en el proceso de evaluación, suman cinco las vacantes a cubrir en la Suprema Corte de Justicia.
Además del presidente Abinader, integran asimismo el Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y Estévez Lavandier.
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