Ámbitos dudan del dictamen del CNM y señalan repercusiones

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La Red por el Fortalecimiento de la Institucionalidad (ROI), la Fundación Justicia e Institucionalidad (Finjus) y el anterior procurador Francisco Domínguez Brito manifestaron ayer sus dudas sobre la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de desvincular a tres jueces, y alertaron sobre las repercusiones que esto podría tener para el sistema judicial, la gobernanza y el propio organismo.

La ROI señaló que existen “inconsistencias” entre el proceso de valoraciones técnicas y el dictamen del CNM, lo cual pone en tela de juicio la imparcialidad y transparencia del mecanismo por el cual los magistrados Pilar Jiménez, Manuel Alexis Read y Moisés Ferrer fueron separados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Además, criticó que las actas no especifican quiénes emitieron las opiniones ni los votos individuales, vulnerando de este modo los principios de claridad y rendición de cuentas que deben regir los procedimientos del CNM.

La coalición, conformada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación Para la Acción Femenina (Cipaf), expresó profunda inquietud por los motivos expuestos por el CNM para no renovar en sus cargos a dichos jueces. Con respecto a la magistrada Jiménez, la única mujer evaluada en esa fase, las justificaciones presentadas “revelan sesgos preocupantes que afectan el principio de equidad y la garantía de autonomía judicial”.

“Cuestionar resoluciones judiciales debidamente argumentadas puede interpretarse como una intromisión en la libertad de criterio de los jueces y se suma a precedentes desfavorables para la justicia dominicana”, destacó la ROI en un comunicado de prensa. En el caso del magistrado Read Ortiz, a quien el CNM hizo referencia por su cercanía al límite de 75 años estipulado en la Constitución, la ROI sostiene que, de aplicarse dicho criterio, el juez no debió someterse a evaluación, “puesto que el proceso debe centrarse en valorar el rendimiento, no en aplicar causas de retiro ya establecidas constitucionalmente”.

Añadió que el hecho de que el acta del CNM omita la edad como razón para la exclusión, “evidencia un uso arbitrario y poco consistente de los criterios”.

Recordó que la valoración del desempeño judicial no debe convertirse en un recurso discrecional para cesar a los jueces de sus funciones. Si bien son nombrados por un período específico, la evaluación debe ser técnica, objetiva y con fines de formación, buscando elevar la calidad de la justicia, y no ejercer control político o punitivo sobre los miembros de la SCJ.

“Cualquier uso del proceso de valoración con otros fines pone en riesgo la independencia del poder judicial, la estabilidad de las instituciones y la confianza pública en la justicia”, sentenció la ROI.

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FINJUS

La Fundación Institucionalidad y Justicia declaró que, en el proceso de escrutinio de los tres jueces de la SCJ destituidos, el CNM ignoró aspectos claramente detallados en la Ley 138-11 sobre el propósito de dicho examen, arriesgándose a “menoscabar la autonomía judicial y minar la credibilidad del propio organismo”. Indicó que conforme a la ley, el objetivo de dicha valoración es determinar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y éticas de los magistrados, la calidad de sus sentencias, el compromiso con la protección efectiva de los derechos judiciales y la adhesión a los principios de neutralidad y prontitud. “Para ello, los parámetros deben ser objetivos, cuantificables y respaldados por evidencia documental y comprobable”.

No obstante, señaló que los registros públicos del CNM no demuestran una aplicación clara de los indicadores considerados, la forma en que fueron medidos y el nivel de objetividad empleado al sopesar el desempeño judicial.

“Emplear criterios como la manera de aplicar la ley 2-23, que es parte de la competencia jurisdiccional de la Sala Primera de la SCJ (y que se le cuestionó a Jiménez), o la proximidad a la edad de jubilación obligatoria (que se le reprochó a Read), por encima de otros elementos fundamentales como la productividad judicial, la sustentación legal de sus fallos, su conducta ética y la transparencia de su patrimonio, debilita la esencia de una valoración imparcial y lógica”, argumentó Finjus.

Advirtió que un proceso influenciado por criterios ajenos a su naturaleza podría traducirse en el menoscabo de la carrera judicial y disminuiría la credibilidad ciudadana en la imparcialidad de las instancias judiciales.

“Cuando la valoración se realiza desde una perspectiva alejada de su mandato constitucional, se corre el peligro de afectar la independencia judicial y deteriorar la legitimidad del propio órgano”, puntualizó la organización de la sociedad civil en un comunicado.

Domínguez Brito

El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, igualmente cuestionó la actuación del CNM y alertó sobre lo que percibe como una tendencia del partido gubernamental a “instrumentalizar políticamente las altas cortes”.

Mencionó que esto ya ocurrió el año pasado con otras designaciones, debido a que, a su juicio, carecen de una comprensión clara de lo que implica el proceso de consolidación institucional.

“Si a todo esto se le suman diversos factores externos al sistema, como la creación de un Ministerio de Justicia y otros elementos no consensuados ni dialogados como el Código Procesal Penal, se evidencia que, desafortunadamente, desde el gobierno no existe una visión concisa de lo que significa el afianzamiento institucional”, expresó el exfuncionario y líder opositor.

El CNM justificó la no ratificación de los tres magistrados, al indicar que “los resultados no cumplen con los niveles de aptitud y rendimiento requeridos”. Sin embargo, la documentación oficial sobre las revisiones efectuadas por el propio Consejo muestra calificaciones excelentes en aspectos de capacidad legal.