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El concejal Edickson Herrera Silvestre representa la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Fue elegido en 2020 y reelegido en 2024.
El concejal Edickson Herrera Silvestre y el general en retiro William Durán Jerez pactaron con las autoridades estadounidenses y se declararon culpables de narcotráfico, según expedientes judiciales presentados en una corte de EE. UU., a los cuales este periódico ha tenido acceso.
En los acuerdos firmados por el concejal Edickson Herrera Silvestre y el general William Durán Jerez se estipula el compromiso de colaborar plenamente con las agencias, suministrando información veraz y exhaustiva, incluyendo documentos, registros y otras evidencias cuando sea requerido.
“Y si esta Oficina lo requiere, trabajar de manera encubierta bajo la supervisión y siguiendo los protocolos de los agentes del orden. Adicionalmente, el acusado se compromete a no encubrir a persona o entidad con información o falseando hechos, a no incriminar falsamente a nadie, y a abstenerse de cometer nuevas infracciones”, señala parte del texto rubricado por ambos individuos.
Un tercer implicado, identificado como José Eduviges Aponte Torres, también aceptó su responsabilidad en el esquema de tráfico de cocaína desde República Dominicana con destino al sur de Florida.
El trío de implicados aceptó el primer cargo presentado por las autoridades estadounidenses, mientras que los cargos dos y tres fueron retirados por estas mismas autoridades como parte del pacto.
El cargo al que se declararon culpables es el de confabularse para transportar un mínimo de 5 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.
La acusación estadounidense indica que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, los involucrados se asociaron para conspirar y distribuir una sustancia controlada hacia territorio estadounidense.
Los declarados culpables se comprometieron a testificar ante un gran jurado o en cualquier vista o proceso judicial donde se les solicite. “Comparecencia ante el gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, así como en reuniones, tal como lo exija esta Oficina”, reza el documento firmado por el concejal del PRM y el general jubilado de la Policía Nacional dominicana.
El primero en aceptar su culpabilidad y negociar con las autoridades fue Aponte Torres, quien firmó el acuerdo el 18 de septiembre pasado. El pacto está igualmente suscrito por Genesis Peduto, su defensora legal, y Kevin Gerarde, fiscal a cargo.
El segundo en llegar a un acuerdo con los estadounidenses fue el general retirado Durán Jerez, quien formalizó su confesión y colaboración el 24 de septiembre ante las autoridades del Distrito Sur de Estados Unidos. Lo acompañaron David Howard, su abogado, y Kevin Gerarde, fiscal del caso.
El concejal Herrera Silvestre, del partido gobernante PRM en la capital dominicana, formalizó su colaboración y admisión de culpa el pasado 6 de octubre. Junto a él estamparon su firma su abogado Kevin Conway y Kevin Gerarde, fiscal del caso.
El 10 de julio previo, el concejal se había declarado inocente de los tres cargos imputados en Estados Unidos.
Las agencias de EE. UU. identifican a los procesados como Edickson Herrera Silvestre “El regidor”, William Durán Jerez “El general” y José Eduviges Aponte Torres “Buby” o “Meano”.
La imputación contra el grupo fue emitida el 5 de marzo del año en curso y la fijación de sentencias se realizará de la siguiente manera: Aponte Torres tiene audiencia el 5 de diciembre a las 11:00 AM; el general en retiro Durán Jerez conocerá su pena el 11 de diciembre a las 10:00 AM; y el concejal Herrera Silvestre el 8 de enero de 2026, a las 9:30 AM.
Herrera Silvestre fue elegido concejal en febrero de 2020. En esas elecciones obtuvo 3,731 votos preferenciales que le aseguraron su puesto en el concejo de regidores del Distrito Nacional.
Para el 2024, el concejal Herrera Silvestre logró su reelección por la circunscripción 1 del Distrito Nacional con 3,032 votos a su favor, de acuerdo con datos de la Junta Central Electoral. Es conocido como “Yeyea” en círculos políticos.
Fue apartado provisionalmente de sus funciones por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional el pasado mes de septiembre debido a inasistencias acumuladas durante tres meses.
El PRM, al ser notificado del caso en abril de 2025, declaró que quien contravenga las disposiciones legales deberá afrontar personalmente las consecuencias de sus actos.
Los acusados podrían enfrentar sentencias que van desde 10 años hasta cadena perpetua. El tribunal considerará la cooperación brindada para evitar un juicio completo, donde, según los documentos oficiales, igualmente habrían sido hallados culpables dada la solidez de las pruebas.
Una de las posibilidades es que, tras cumplir la condena de cárcel, los implicados pasen a un periodo de libertad condicional de al menos cinco años, que incluso podría extenderse.
Los implicados fueron acusados por Estados Unidos de obtener cocaína en Suramérica, desde donde la trasladaban a República Dominicana, que servía como punto de acopio. Posteriormente, la droga era enviada al sur de Florida, en EE. UU.
Una vez distribuida la cocaína, el dinero recaudado era remitido a República Dominicana y las ganancias se distribuían entre los miembros de la organización delictiva.
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