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La agrupación política Fuerza del Pueblo (FP) comunicó ayer a los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso Nacional su intención de no aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026, si no se acepta su solicitud de eliminar el gravamen sobre los sueldos de los empleados cuyos ingresos no excedan los 52,000 pesos dominicanos.
El senador Omar Fernández presentó una propuesta de resolución cuyo propósito es instar al presidente Luis Abinader a acatar la indexación salarial estipulada en el Código Tributario, lo cual permitiría exonerar de impuestos a quienes ganen menos de esa cifra.
Fernández, exportavoz de la FP en el Senado, manifestó que los legisladores de esa fuerza opositora condicionarán su voto favorable a la pieza presupuestaria gubernamental “solamente si incluye esta estipulación en beneficio de los trabajadores dominicanos”.
El congresista reconoció que su bancada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República carece de la mayoría necesaria para evitar la decisión de los más de 160 miembros oficialistas.
No obstante, recalcó la importancia de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo acepten su proposición, dado que los beneficiados serían los asalariados del país.
Durante una rueda de prensa en el órgano legislativo, explicó que esta medida beneficiaría directamente a unos 300,000 trabajadores que perciben sueldos “por debajo de los 52,000 pesos”. Además, señaló que impactaría positivamente a otros 420,000 empleados con remuneraciones superiores, ya que actualmente están siendo afectados “con más impuestos de lo que correspondería”.
Esta disposición del Código Tributario, contenida en el artículo 327 de la Ley 11-92, ha permanecido sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo durante más de cinco años, lo que, según el senador, provoca una “reducción a tan solo 18 días de la capacidad de compra de bienes esenciales de las familias dominicanas” cada mes.
“La actualización del tramo exento del impuesto sobre la renta no es una concesión, sino una obligación legal y un acto de equidad para los empleados. Hoy, más que nunca, las familias requieren que su salario alcance, y el Gobierno debe asegurar esto”, aseveró el legislador.
Fernández opina que el panorama económico actual de la sociedad dominicana, caracterizado por el aumento del coste de vida, demanda políticas “coherentes con los principios de justicia social, proporcionalidad y respeto”.
Entretanto, el Ministerio de Economía y Hacienda respondió el pasado miércoles a la sugerencia del senador, indicando que solo estaría dispuesto a considerar una indexación salarial parcial.
“Estamos abiertos a escuchar planteamientos, pero si se aplicara de forma inmediata, el Gobierno incurriría en una pérdida significativa de ingresos, poniendo en riesgo la meta de deuda y el déficit fiscal”, argumentaron.
Sin embargo, Fernández sugiere que llevar a cabo una revisión del gasto corriente y productivo, junto con una mejor focalización en la entrega de subsidios, podrían ser estrategias para mitigar la merma económica estatal tras la implementación de la indexación salarial.
“El Banco Central y el Sistema Único de Beneficiarios indican que tenemos cerca de 600,000 hogares en situación de pobreza, y estamos entregando más de 1,400,000 tarjetas a hogares pobres… existe una contradicción muy marcada”, concluyó.
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