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El diplomático y estudioso Josué Fiallo señaló que la designación extensa de terroristas a cárteles podría acarrear consecuencias secundarias en las cadenas de suministro y en empresas foráneas.
Al ser consultado por el periodista Pablo McKinney sobre el panorama internacional afectado por las decisiones del mandatario estadounidense Donald Trump, indicó que es crucial diferenciar entre las acciones contra el crimen organizado en el Caribe y la tensa relación con Venezuela.
El exembajador ante la OEA y anterior jefe de misión en Costa Rica manifestó que, a su parecer, la región observa un retroceso del multilateralismo y una “imposición de perspectivas limitadas” que presionan el orden basado en normas: “Para las naciones pequeñas y medianas, lo único que brinda protección es el derecho internacional”.
En cuanto al rol de República Dominicana, Fiallo realzó la gran dependencia de Estados Unidos —comercio, inversión, remesas y diáspora—, pero argumentó que esto “no es incompatible con una política exterior balanceada”: diversificar mercados, abrir nuevas representaciones diplomáticas en centros de influencia, reubicar al país como nexo entre el Caribe, Norteamérica y Sudamérica, y “defender principios” (soberanía, no injerencia, paz, colaboración) de forma constante a lo largo del tiempo para ganar confianza.
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Además, enumeró temas pendientes: restablecer la relación con el sistema interamericano de derechos humanos; modernizar el reglamento migratorio (vigente hace veinte años) y combatir la deshumanización del migrante; fortalecer la protección e integración de la diáspora; y utilizar la política exterior como palanca para fomentar el capital humano en áreas clave (semiconductores e inteligencia artificial).
Por otra parte, en referencia a la X Cumbre de las Américas a celebrarse en Punta Cana, Fiallo advirtió que el continente aborda el encuentro “en un entorno de retracción democrática y falta de fe en el multilateralismo”, una atmósfera que requerirá una negociación muy fina para generar resultados tangibles.
Asimismo, expuso sobre las divisiones conceptuales que podrían obstaculizar el documento final, y los retos estratégicos de República Dominicana bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.
Recordó que la Cumbre —un foro presidencial iniciado en 1994— llega a su décima edición “dirigida y fiscalizada por República Dominicana”, que propuso como eje la seguridad humana enfocada en seguridad ciudadana, hídrica y energética. No obstante, previó “focos de fricción” en asuntos delicados como migración, desarrollo sostenible y cambio climático.
Respecto a la migración, indicó que la controversia es de carácter semántico y político: un conjunto de países respalda la terminología previamente pactada —”personas en situación migratoria irregular”— mientras que Estados Unidos promueve el vocablo “ilegal”. “En la Cumbre no hay votaciones; se busca el consenso. Si la diferencia persiste, la presidencia deberá decidir qué lenguaje se incluirá en el texto, y las naciones decidirán si lo suscriben”, afirmó. Recordó que no sería algo inusual terminar sin una declaración si no se alcanza un acuerdo.
El Caribe, señaló, asistirá con “sensibilidades innegociables” concernientes a la equidad y la vulnerabilidad climática. También anticipa divergencias sobre las vías y el ritmo de la transición energética, debido a las diferencias de capacidad en la región.
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