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SANTO DOMINGO.- La fiscal general Yeni Berenice Reynoso enfatizó la necesidad de promover pactos judiciales por los beneficios procesales que brindan al sistema de justicia, ya que, sin obviar las responsabilidades del individuo o entidad imputada, facilitan la compensación de perjuicios a los damnificados y al propio Estado.
“El asunto de los convenios y las vías alternativas en nuestro entorno no es novedad; es algo que hemos estado impulsando desde la Fiscalía del Distrito, esencialmente, es una directriz que adoptamos a partir del 2013 y que llegó a representar hasta un 40 por ciento de los casos en la Fiscalía del Distrito”, comentó Reynoso.
La funcionaria abordó el tema al participar, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo Valentín Santos, en una reunión con prensa y comunicadores, presidida por el titular de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.
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“Cuando las demoras se extienden, y hay un acusado esperando un fallo, a veces bajo arresto, y eso es un hecho; igualmente, hay una parte afectada que aguarda esa resolución”, señaló.
“Además —agregó—, hay un grupo de fiscales que deben presentarse a audiencias y pasan cuatro, cinco años aguardando un veredicto, y la sociedad también tiene un derecho legítimo a obtener una decisión”.
Manifestó que no se atrevería a afirmar que con la dilación de un litigio penal nadie sale beneficiado, “pues a veces hay quien tiene como táctica que el asunto no se dirima en un tiempo prudente”.
Reynoso lamentó que ciertos sectores consideren los acuerdos dentro del juicio penal como si fueran un fenómeno reciente, cuando, en realidad, en el país se remontan al año 2004, cuando entró en vigor el Código de Procedimiento Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), sancionada hace ya más de 23 años.
“Por lo tanto, no es algo nuevo. El legislador ha incorporado figuras procesales en la normativa”, destacó.
Hizo una comparación con otras naciones, como Estados Unidos, donde muchos pactos se mantienen confidenciales por una década o más,
“ya que por motivos de seguridad el tribunal decreta: este acuerdo será reservado por los próximos dos, tres, cuatro, cinco, diez años e impone sanciones a cualquiera de las partes que divulgue los términos del pacto, porque el tribunal considera que podrían existir ciertos riesgos si se hace público, y la ciudadanía no lo objeta; en el caso de República Dominicana, todos son conocidos públicamente”.
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