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Desde su promulgación en 1844, la Carta Magna dominicana ha sido revisada 40 veces, reflejando las evoluciones políticas, sociales y económicas de la nación.
El ajuste más reciente fue declarado el 27 de octubre de 2024 por el mandatario Luis Abinader, el cual incorporó la denominada “Cláusula Pétrea”, un blindaje constitucional que impide un tercer mandato consecutivo en la Presidencia de la República.
A lo largo de su trayectoria, cada enmienda ha significado un antes y un después. Aquí se exponen 10 modificaciones que transformaron la vida institucional dominicana:
Promulgada el 19 de febrero de 1858, fue una de las más ilustradas y avanzadas del siglo XIX. Aseguró la libertad de expresión, el libre desplazamiento, las asambleas pacíficas y determinó que el régimen debía ser civil, republicano, popular, representativo, electivo y con rendición de cuentas.
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Este cambio supuso una transformación significativa: se expandió el derecho al sufragio para toda la ciudadanía, si bien se excluyó a las mujeres. Además, se estipuló que la Carta Magna podía ser alterada por motivos de interés público, introduciendo el principio de maleabilidad constitucional.
Se autorizó la repostulación presidencial y se decretó el catolicismo como credo oficial, vetando los cultos protestantes.
Se suprimió la exigencia de saber leer y escribir para votar y se instauró un Parlamento de una sola cámara con 31 representantes elegidos por votación directa. Adicionalmente, se proscribió la emisión de dinero fiduciario.
El presidente Fernando Arturo de Meriño suspendió la Carta Magna y llamó a una revisión para poder prestar juramento ante el Parlamento. En aquel proceso, se creó la figura del vicepresidente.
Esta modificación permitió la suscripción del acuerdo limítrofe con Haití y alteró el modo de obtención de la ciudadanía dominicana, dos asuntos cruciales para la soberanía nacional.
Se estableció el sistema financiero y monetario del país, una de las reformas de mayor impacto económico.
Se eliminó el requisito que obligaba a los aspirantes presidenciales a haber residido en el territorio durante los cinco años previos a la contienda electoral, abriendo el espectro de candidaturas.
Considerada la de mayor acuerdo desde 1844, esta reforma fortaleció los aparatos políticos, instituyó el Tribunal Constitucional y la jurisdicción electoral, reconoció nuevos derechos inherentes, y prohibió la reelección presidencial. Ratificó, a su vez, el derecho a la vida desde la gestación.
Entre los fundamentos de la reforma de 2024 figuran la ampliación del artículo 268 para asegurar la estabilidad constitucional de las pautas electorales presidenciales, la autonomía del Ministerio Público, la disminución del número de diputados y la centralización de las votaciones presidenciales, legislativas, municipales y exteriores.
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