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El titular de Prisiones comparte con El Nacional el estado real de los recintos de personas privadas de libertad del país.
Si bien es innegable la ofensiva emprendida por el Poder Judicial dominicano contra la mora procesal y su tesón por hacer más eficiente, expedita y moderna la administración de justicia, tras las rejas se revela una realidad ineludible: sanear y dignificar el sistema carcelario nacional exige una inversión que excede los 4 mil millones de pesos solo en infraestructura penitenciaria.
El Plan de Optimización del Proceso Penal en la República Dominicana, según sus promotores, ha reformado los cimientos de la justicia. No obstante, sus beneficios todavía no alcanzan al sistema penitenciario, sumido por décadas en el olvido, el hacinamiento y los malos tratos a los internos.
Instalaciones precarias, diecinueve centros bajo control de la Policía y el Ejército, cuatro provincias desprovistas de cárceles, desarticulación entre los actores del circuito judicial y penitenciario, y escasez de personal cualificado, son parte de los problemas que aquejan al sistema.
Sin embargo, de acuerdo con el director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, y los expertos penitenciarios Rafael Báez y Roberto Santana, el modelo vigente “se ha convertido en un semillero de criminalidad, desde donde se orquestan fechorías que estremecen a la sociedad dominicana, pues en lugar de reinsertar a los reclusos, lo que hace es pervertirlos”.
Gracias al Catastro Penitenciario, impulsado por la Procuraduría General de la República, el descontrol no es aún mayor, según el director de Prisiones y Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, quien detalló las carencias que aún lastran a las instalaciones carcelarias.
“Que los jueces y fiscales cumplan su labor y dejen de saturarnos las cárceles con individuos sin justificación, que nos permitan trabajar con quienes realmente deben estar allí, pero que no mantengan las prisiones abarrotadas por el impago de una multa de quinientos pesos”, sentenció Santana.
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En su empeño por transformar el sistema, Santana ha encontrado resistencia de grupos que —según él— “se nutrieron del desorden y la turbiedad dentro de las cárceles”. “Ellos lo saben y yo también lo conozco, las cartas están sobre la mesa”, advirtió.
A pesar de esos escollos, el responsable de Prisiones asegura que el avance es irreversible: “Fui convocado por el Gobierno y la Procuraduría para colaborar en esta transición. Cuento con el apoyo Presidencial, y al director de Prisiones se le debe abrir paso donde sea necesario, sin importar si es un general, coronel o cualquier otro funcionario”.
El exasesor legal del Estado, Jorge López Hilario, quien ha intervenido en casos notorios de malversación de fondos, subraya la relevancia del Programa de Optimización del Proceso Penal, el cual plantea vías alternativas para que las partes negocien y logren disminuir la penalidad.
“En nuestra experiencia, podemos asegurar que ha mejorado notablemente en los litigios complejos; el desafío es llevar esta cultura de resolución alternativa a los casos comunes que se presentan a diario en los juzgados penales. De igual forma, hemos notado una mejor respuesta hacia los ciudadanos, como sucede con las órdenes de libertad, que se están ejecutando con mayor eficacia”, señaló el jurista.
El abogado penalista percibe avances evidentes en el proyecto: “más acuerdos y, consecuentemente, resolución rápida del proceso penal, sin tener que agotar todas las fases legales, así como tiempos menores para la expedición de libertades. Esta celeridad se traduce en menos expedientes estancados y una disminución de la mora”, remarcó.
Anticipa una mayor fluidez en los procedimientos, menos redundancia de trámites y una reducción del lapso entre audiencias. Esto resultaría en la conclusión de expedientes en plazos razonables.
Parte de los pactos alcanzados por el Ministerio Público en asuntos de corrupción administrativa superan los RD$6,000 millones entre 2021 y 2025, lo cual demuestra su eficacia y la urgencia de educar sobre los beneficios del programa de Optimización del Proceso Penal como método de solución de controversias.
El sistema carcelario dominicano se halla en una encrucijada entre el abandono histórico y la posibilidad de un cambio genuino. El Plan de Optimización del Proceso Penal ha encendido una luz de reforma, pero sin sustento económico constante, esa mutación se percibe incompleta.
Como colectividad, el reto no es solo edificar más prisiones, sino generar oportunidades: restaurar la dignidad, fomentar la reintegración y comprender que la tranquilidad pública no se fortalece con el castigo, sino con la rehabilitación y la prevención.
