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La exmandataria provisional de Bolivia Jeanine Áñez deja el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, hoy, 6 de noviembre de 2025, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
La Paz (EFE).- La exjefa de Estado interina boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) recuperó su libertad este jueves tras pasar cuatro años y ocho meses encarcelada por acusaciones ligadas a la conmoción de 2019, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revocara la pena de diez años dictada en su contra y dispusiera su salida.
La anterior gobernante transitoria salió por el acceso principal del Centro de Orientación Femenina de Miraflores en la urbe paceña, portando una enseña patria boliviana y acompañada por sus descendientes Carolina y José Armando Ribera.
“Jamás me lamentaré de haber sido útil a mi nación cuando más lo requería. Ese es el compromiso que cualquier boliviano que ama a su tierra debe asumir, y yo lo acepté a pesar de saber que implicaría un coste futuro”, manifestó la otrora titular del ejecutivo.
Expresó asimismo que el tiempo tras las rejas fue “sumamente arduo, sumamente penoso”, pero que asimiló “la fortaleza de la capacidad de superación” frente a un encierro que consideró “injustificado”.
El TSJ comunicó el día anterior la revocación de la condena a Áñez, su “declaración de inocencia” y el mandato de su “liberación inmediata” en relación al llamado caso ‘fraude constitucional II’, por el cual recibió una sentencia de 10 años de prisión en 2022, acusada de ascender de forma irregular en la línea de sucesión en 2019.
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Dicho fallo fue confirmado en 2023 también por el TSJ, aunque en aquel momento estaban al frente otros magistrados, mientras que los que evaluaron la sanción fueron electos en las votaciones judiciales de 2024.
En la reconsideración de la sentencia, a solicitud de la defensa de la exmandataria, los integrantes del tribunal consideraron que “existieron transgresiones al marco legal vigente” que “afectaron el debido proceso” y también “sus prerrogativas”.
La decisión del Alto Tribunal estipula que “la sucesión no fue un acto de usurpación, sino una medida obligada por la Constitución” y estima que el tribunal que sentenció a Áñez “omitió ponderar que las dimisiones” de quienes figuraban antes que la exgobernante en la línea sucesoria en 2019 “fueron públicas, explícitas y con efectos al instante”.
“Áñez Chávez no obró con malicia, no vulneró un bien jurídico tutelado y su proceder estuvo respaldado por una situación de necesidad constitucional dirigida a resguardar la permanencia institucional del Estado boliviano”, se indica en la resolución.
Áñez asumió la dirección provisional del país el 12 de noviembre de 2019, dos jornadas después de la dimisión del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019) y de todos los funcionarios en la línea de sucesión presidencial.
Morales renunció y abandonó la nación alegando ser víctima de un “despojo de poder”, en medio de protestas ciudadanas por señalamientos de manipulación electoral a su favor en los comicios generales de 2019, los cuales posteriormente fueron invalidados.
Áñez fue apresada en marzo de 2021 como parte de la causa denominada ‘fraude constitucional I’, iniciada por una exlegisladora del Movimiento al Socialismo (MAS), aún en el poder, a causa de la crisis de 2019.
En agosto último, el TSJ ordenó reevaluar los tiempos de las privaciones de libertad provisionales en todos los litigios contra Áñez y otros dos referentes regionales opositores al MAS, lo cual condujo a la puesta en libertad de estos políticos.
Los organismos judiciales anularon los procedimientos ordinarios contra Áñez, transferidos luego al órgano Legislativo para ser tratados en un juicio de responsabilidades, y quedaba pendiente el examen de su condena, sobre la cual se informó el miércoles.
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