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Ciudad de México.- Guadalupe Urban, quien fungía como representante ciudadana del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, en Oaxaca, fue ultimada esta mañana al salir de su hogar.
De acuerdo con reportes locales, la militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), socio del partido en el poder Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue agredida a tiros por dos individuos a bordo de una motocicleta, justo al momento de dejar su residencia.
Su cuerpo quedó tendido en el camino que conduce a la localidad de San Antonio Ocotlán, en Cacahuatepec.
La Fiscalía de la región informó que personal especializado se desplazó al sitio para llevar a cabo las labores periciales y las primeras averiguaciones con el objetivo de esclarecer este violento suceso.
Urban ocupaba el cargo de enlace municipal de Parques y Jardines y formaba parte del gobierno local para el periodo 2025-2027.
El Cabildo municipal manifestó su pesar por el homicidio y demandó justicia. “Hoy más que nunca, instamos a la unidad, al respeto y a la justicia. Este acto de cobardía no debe quedar sin castigo”, difundieron en redes sociales. Por su parte, el PVEM lamentó “la pérdida de nuestra amiga y colega”.
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Este incidente se suma al asesinato de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, ocurrido tres días antes en San Marcos Zacatepec, también en Oaxaca. Asimismo, esto sucede tras el homicidio de Carlos Manzo, edil de Uruapan, Michoacán, sucedido el pasado 1 de noviembre tras un evento por el Día de Muertos, suceso que ha provocado manifestaciones y confrontaciones entre protestantes y la policía en dicha entidad.
Según registros estatales, desde el 1 de octubre —fecha en que Claudia Sheinbaum tomó la presidencia de México— y hasta el 3 de noviembre, al menos diez alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.
El crimen contra Guadalupe Urban reactiva las preocupaciones sobre la seguridad de los funcionarios de nivel local, particularmente en estados con alta conflictividad.
Colectivos ciudadanos y líderes comunitarios han condenado los hechos y han recalcado la necesidad de fortalecer los esquemas de protección para los representantes municipales, quienes con frecuencia son blanco de amagos ligados a luchas políticas o al crimen organizado.
La población de San Juan Cacahuatepec ha manifestado su enojo y ha exigido que el caso no quede en la impunidad.
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